COVIARA, la empresa estatal creada en 1966 para construir viviendas para el personal de la Armada, enfrenta una crisis sin precedentes bajo la actual administración. Desde diciembre de 2023, la entidad ha pasado de un superávit a un déficit de más de mil millones de pesos, mientras se encuentra en el centro de una disputa política y económica que involucra al Ministerio de Defensa y a Playas Ferroviarias.

La situación financiera de COVIARA se ha deteriorado rápidamente. El 25% de su personal fue despedido, y los empleados restantes enfrentan retrasos salariales y condiciones laborales insalubres, incluyendo la aparición de roedores en las oficinas. Además, los proyectos de construcción de viviendas para la Armada están completamente paralizados, afectando directamente al personal militar que depende de estas soluciones habitacionales.

La entidad está en proceso de convertirse en sociedad anónima, un paso previo a su privatización, según lo estipulado por la Ley Bases. Sin embargo, este proceso ha generado tensiones internas y externas. Los trabajadores denuncian que la privatización eliminaría la lógica social de la empresa, reemplazándola por intereses de mercado. "Perdemos la oportunidad de que el personal de la Fuerza tenga acceso a viviendas asequibles", señalaron empleados de COVIARA.

Los terrenos de la entidad, valuados en millones de dólares, son objeto de interés en el mercado privado, lo que ha alimentado acusaciones de especulación inmobiliaria. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa y Playas Ferroviarias, bajo la órbita de la Agencia de Bienes del Estado, se disputan el control de estos activos.

La intervención del sindicato ATE marcó un hito en la historia de COVIARA. Por primera vez, los trabajadores recurrieron a esta organización para reclamar salarios adeudados y mejores condiciones laborales. "Es la primera vez que encontramos que el Estado como empleador no paga salarios", afirmó un delegado de ATE.

La crisis de COVIARA no es un caso aislado. La obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), la tercera más grande del país, también enfrenta denuncias de mala gestión y endeudamiento. Los vocales del Directorio de IOSFA han cuestionado decisiones financieras y administrativas que, según ellos, afectan directamente a los afiliados.

En este contexto, la situación de COVIARA refleja tensiones más amplias en la gestión de recursos estatales y la implementación de políticas de ajuste económico. La incertidumbre sobre el futuro de la entidad y sus empleados persiste, mientras expertos advierten que su desaparición podría agravar la crisis habitacional en las Fuerzas Armadas.