El caso del femicidio de Érika Álvarez avanzó significativamente luego de una audiencia clave en la que la Fiscalía de Tucumán reformuló la acusación contra Felipe "el militar" Sosa, quien quedó imputado como único autor del crimen ocurrido el 7 de enero en Yerba Buena. Según la investigación, Érika salió de su domicilio en San Miguel de Tucumán en la madrugada y llegó a la vivienda de Sosa, donde fue atacada brutalmente entre las 03:50 y las 07:00. El informe forense reveló lesiones severas en el cráneo y la mandíbula, que le provocaron la muerte casi inmediata.

Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma explicó que las nuevas evidencias permitieron descartar la intervención de otras personas en el asesinato, aunque tres allegados de Sosa fueron imputados por encubrimiento agravado. Justina Gordillo, funcionaria judicial, habría colaborado en la eliminación de pruebas y facilitado la fuga de Sosa a Buenos Aires, recibiendo a cambio poderes sobre sociedades y transferencias de bienes. Jorge Díaz y Nicolás Navarro también enfrentan cargos por limpiar la escena y ocultar pertenencias de la víctima.

La Fiscalía, dirigida por Pedro Gallo, destacó la solidez de las pruebas y la importancia de esclarecer el caso, que ha generado conmoción en la provincia. "Vamos a quitar la intervención de otras personas en el femicidio y una modificación en el horario", señaló la fiscal durante la audiencia. El proceso judicial continúa, mientras la sociedad tucumana exige justicia y transparencia. El caso pone en evidencia la problemática de los femicidios y el rol de las redes de encubrimiento en la región, y se espera que el juicio aporte mayor claridad sobre los hechos y responsabilidades.