La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta y principal referente opositora. El fallo, emitido el 10 de junio en una reunión extraordinaria, ratifica la sentencia por corrupción en la causa conocida como "Vialidad", que investigó el direccionamiento de obra pública en Santa Cruz durante sus mandatos.

La decisión del máximo tribunal sorprendió al arco político, ya que se produjo antes del cierre de listas para las próximas elecciones, bloqueando la posibilidad de que Kirchner se postule. La reacción fue inmediata: mientras sectores de la oposición celebraron la resolución, otros, especialmente dentro del peronismo y movimientos sociales, denunciaron una persecución política y convocaron a movilizaciones en apoyo a la ex mandataria.

Elisa Carrió, una de las primeras denunciantes del caso, pidió compasión por la situación personal de Kirchner, en contraste con figuras como José Luis Espert, quien celebró el fallo con insultos y declaraciones polémicas. El clima social se tensó, con episodios de violencia aislada y llamados a marchas masivas para los próximos días.

El fallo también afecta a otros ex funcionarios y empresarios, como Lázaro Báez, y reaviva el debate sobre la imparcialidad del Poder Judicial. Diversos analistas señalan que la decisión de la Corte refleja tanto presiones políticas como internas del tribunal, y advierten sobre el impacto en la democracia argentina, la polarización social y la fragmentación del peronismo.

En el oficialismo, la estrategia electoral deberá ajustarse ante la ausencia de Kirchner como figura polarizadora. El futuro político del peronismo y la estabilidad institucional quedan en un escenario incierto, mientras la sociedad argentina enfrenta un nuevo capítulo de alta conflictividad política y social.