El reciente anuncio de YPF sobre la cancelación de la construcción de una megaplanta de gas natural licuado (GNL) en Río Negro ha generado un intenso debate político y económico. La empresa estatal confirmó que, en lugar de la planta fija en tierra, optará por un esquema de exportación mediante buques de licuefacción flotantes, lo que representa un cambio estratégico significativo.

El CEO de YPF, Horacio Marín, explicó que esta decisión responde a la viabilidad técnica y económica del nuevo esquema. El primer buque, denominado Hilli Episeyo, comenzará a operar en 2027 con una capacidad de producción anual de 2,45 millones de toneladas de GNL. Este cambio forma parte de un plan más amplio que incluye acuerdos con empresas internacionales como ENI y Shell para expandir la capacidad de exportación en los próximos años.

El proyecto inicial, que databa de 2014, contemplaba una inversión de más de 30.000 millones de dólares y la creación de miles de empleos en la región. Sin embargo, tras el cambio de gobierno en 2024, la iniciativa fue reformulada. Según Marín, el nuevo esquema permitirá acelerar los tiempos de exportación y reducir costos operativos, aunque se perderán empleos directos e indirectos asociados a la construcción de la planta.

La decisión ha generado tensiones políticas. El presidente Javier Milei criticó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por no adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), lo que, según Milei, habría dificultado la viabilidad del proyecto en Bahía Blanca. Por su parte, Kicillof acusó al gobierno nacional de utilizar el proyecto como una herramienta de venganza política.

En Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck intentó minimizar el impacto del anuncio, asegurando que las inversiones previstas no se verán afectadas. "Río Negro sigue generando las condiciones necesarias para que estos proyectos se desarrollen, posicionándonos en el centro de la escena a nivel país en materia de exportación de GNL", afirmó Weretilneck.

Por otro lado, en Bahía Blanca, el intendente Federico Susbielles lamentó la pérdida de una oportunidad económica para la región y criticó la politización del proyecto. Sindicatos locales también expresaron su descontento, señalando que el uso de buques flotantes limita el desarrollo local y fomenta la dependencia de tecnología extranjera.

El cambio de estrategia de YPF se enmarca en un contexto más amplio de desinversiones en Vaca Muerta y ajustes en la política energética nacional. Empresas internacionales como Petronas y Exxon han reducido su presencia en la región, lo que ha generado incertidumbre sobre el futuro del sector.

A pesar de las críticas, el gobierno nacional ha defendido la decisión como un paso necesario para posicionar a Argentina como un jugador clave en el mercado global de GNL. Con la puesta en marcha de los buques flotantes, se espera que el país pueda comenzar a exportar gas natural licuado a partir de 2027, marcando el inicio de una nueva era para la monetización de los recursos gasíferos de Vaca Muerta.