El caso Vialidad, que involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha tomado un nuevo giro tras el dictamen del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal. Este dictamen respalda la solicitud del fiscal Mario Villar de agravar la condena de Fernández de Kirchner a 12 años de prisión, añadiendo el delito de asociación ilícita a la condena inicial de 6 años por administración fraudulenta. La Corte Suprema de Justicia deberá decidir si confirma la condena actual, la agrava o reabre el caso para un análisis más profundo.

El dictamen de Casal, aunque no vinculante, es un paso clave en el proceso judicial. Según el fiscal Villar, los hechos juzgados constituyen una "maquinaria de corrupción" que perjudicó al Estado en 85.000 millones de pesos. La defensa de Fernández de Kirchner, liderada por José Manuel Ubeira, ha calificado este dictamen como un intento de "lawfare" para inhabilitar políticamente a la ex presidenta antes de las elecciones legislativas de octubre.

La condena inicial fue dictada en 2022 por el Tribunal Oral Federal 2 y ratificada en 2024 por la Cámara de Casación Penal. Sin embargo, el fiscal Villar busca incluir el delito de asociación ilícita, argumentando que los hechos no se limitan a una defraudación única, sino que forman parte de un esquema delictivo más amplio. La Corte Suprema tiene varias opciones: rechazar los recursos y confirmar la condena, abrir el caso para un análisis más detallado o incluso devolverlo a instancias inferiores para una nueva sentencia.

El caso tiene implicaciones políticas significativas. Si la Corte confirma la condena, Fernández de Kirchner quedaría inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y enfrentaría arresto domiciliario. Por otro lado, si el caso se extiende, podría participar en las elecciones y obtener inmunidad parlamentaria. La reciente derrota del proyecto de "Ficha Limpia" en el Congreso también ha influido en el panorama, dejando a la Corte como el árbitro final del futuro político de Fernández de Kirchner.

El debate ha trascendido el ámbito judicial, con referencias al "lawfare" y críticas a la judicialización de líderes políticos. Incluso el Papa Francisco ha sido citado en el contexto, recordando sus palabras sobre la criminalización de dirigentes políticos. En cualquier caso, la decisión de la Corte no solo definirá el futuro judicial de Fernández de Kirchner, sino que también tendrá un impacto duradero en el escenario político argentino.