La ciudad de Mendoza vivió una noche de tensión el jueves tras una protesta contra la megaminería y en defensa del agua, que terminó en enfrentamientos entre manifestantes y la policía. La movilización, que comenzó alrededor de las 19 horas en el microcentro, se trasladó hacia las inmediaciones de Canal 9, donde se registraron los incidentes más graves.

Según fuentes policiales y medios locales, al menos 17 personas fueron detenidas —13 en Mendoza capital y 4 en Godoy Cruz—, entre ellas periodistas y activistas. El Ministerio de Seguridad informó que seis policías resultaron heridos, algunos con armas blancas, y que se produjeron daños a bienes públicos y privados, incluyendo destrozos en las instalaciones de Canal 9.

La policía desplegó un operativo para contener la protesta, que incluyó el uso de balas de goma y gases lacrimógenos. Testigos y organizaciones sociales denunciaron una respuesta "desproporcionada" de las fuerzas de seguridad y la detención arbitraria de manifestantes y periodistas. El Sindicato de Prensa de Mendoza repudió la represión y exigió la liberación de los comunicadores, quienes finalmente recuperaron la libertad tras varias horas.

Por su parte, el gobierno provincial respaldó el accionar policial. La vicegobernadora Hebe Casado afirmó en redes sociales: "El orden público no se negocia. No hay lugar para los violentos que atacan a policías y medios de comunicación. Sobre ellos caerá todo el peso de la ley". El Ministerio de Seguridad también emitió un comunicado en el que aseguró que no negociará el orden y que actuará para garantizar los derechos de los mendocinos.

Las protestas se enmarcan en el rechazo a la reciente aprobación legislativa del proyecto minero San Jorge, que reavivó el histórico debate en Mendoza sobre la protección del agua y la Ley 7722. Organizaciones sociales y asambleas ambientales denunciaron la criminalización de la protesta y exigieron el cese de la represión. Mientras tanto, medios de comunicación y Canal 9 condenaron los ataques a la prensa, considerándolos una amenaza a la libertad de expresión y la convivencia democrática.

El episodio profundiza la polarización en torno a la minería y la defensa de los recursos naturales en Mendoza, y anticipa nuevas movilizaciones y debates en la provincia.