El reciente acuerdo entre el Gobierno de Mendoza y la Nación para el mantenimiento de rutas nacionales ha desatado un intenso debate político. Este convenio, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, establece que la provincia asumirá la ejecución de obras viales en rutas como la 7, 40 y 143, con una inversión estimada entre 150 y 200 millones de dólares. Para financiar estas obras, se implementará un sistema de peajes, aunque su cobro no comenzará hasta que las obras estén finalizadas.

La senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti criticó duramente el acuerdo, calificándolo como una "arrodillada" de Mendoza ante la Nación y sugiriendo que podría tener consecuencias penales. "Está gastando nuestros ahorros en obras que debería hacer la Nación", afirmó en un video difundido en redes sociales. Además, propuso que la provincia demande a la Nación para recuperar los fondos invertidos.

Desde el oficialismo, las respuestas no se hicieron esperar. El ministro de Gobierno, Natalio Mema, defendió el acuerdo argumentando que las obras son necesarias para el desarrollo de la provincia y que el sistema de peajes será moderno y eficiente. "No nos estamos haciendo cargo de las obras que abandonó el gobierno anterior; estamos interviniendo en rutas que utilizamos diariamente", señaló. Por su parte, el gobernador Cornejo destacó que el sistema de peajes será digital y sin barreras, con sensores que registren el paso de los vehículos.

Las obras incluyen la construcción de una tercera trocha en el Acceso Este y Sur, mejoras en señalización y drenajes, y reordenamiento urbano en áreas clave como el Acceso Este. Estas intervenciones buscan mejorar la conectividad y reducir la congestión vehicular en el Área Metropolitana de Mendoza.

El contexto político añade complejidad al debate. Mientras el oficialismo defiende el acuerdo como una solución pragmática, la oposición lo ve como una muestra de debilidad frente a la Nación. Este tipo de acuerdos no es nuevo en Argentina; provincias como Córdoba y San Luis ya gestionan rutas nacionales con sistemas de peaje.

La ciudadanía, por su parte, observa con preocupación la implementación de los peajes, especialmente por el impacto económico que podría tener en el transporte diario. Aunque las obras prometen mejorar la infraestructura vial, el debate sobre su financiamiento y las implicancias políticas del acuerdo continúan generando divisiones.