El juicio oral por corrupción y narcotráfico en el penal de Villa Las Rosas, en la ciudad de Salta, comenzó esta semana y tiene en el banquillo a 20 personas, entre funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares. La causa, considerada una de las más relevantes en la provincia en materia de narcotráfico en contextos de encierro, se originó a partir de denuncias anónimas que alertaron sobre la existencia de una organización criminal dentro de la Unidad Carcelaria N°1.

Según la investigación, los funcionarios penitenciarios exigían sobornos a cambio de beneficios para los internos, como traslados, salidas transitorias, informes favorables y el ingreso de objetos prohibidos, incluyendo celulares, comida, bebidas y drogas. Las pesquisas, coordinadas por el Ministerio Público Fiscal y la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, incluyeron escuchas telefónicas, análisis de movimientos bancarios y allanamientos simultáneos en el penal y domicilios particulares.

Durante la segunda jornada del juicio, se presentaron pruebas clave como intervenciones telefónicas y registros bancarios que permitieron identificar a los principales implicados. El comisario Juan Pablo Sánchez, jefe de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos, detalló que la investigación se inició con denuncias de testigos de identidad reservada y que se implementó una estrategia metodológica para superar las dificultades propias de un entorno cerrado. Sánchez explicó que se intervinieron dispositivos telefónicos y se rastrearon movimientos sospechosos en cuentas bancarias, logrando establecer una trazabilidad financiera entre internos, familiares y funcionarios.

Entre los acusados figuran ocho funcionarios penitenciarios, incluidos Sergio Moya, Francisco Bisceglia y otros, señalados por exigir dádivas y facilitar el ingreso de estupefacientes. También se identificó a familiares como nexos externos, encargados de canalizar dinero y gestionar privilegios para los internos. Un caso emblemático es el de Lautaro Teruel, quien habría sido beneficiado con traslados y un régimen de detención más favorable tras el pago de sumas de dinero distribuidas entre los funcionarios involucrados.

La exdirectora del Servicio Penitenciario, Carina Torres, brindó un testimonio clave al tribunal, revelando presiones políticas y la negativa a intervenir en favor de implicados durante una campaña electoral. Torres remitió un informe al Ministerio Público Fiscal, lo que dio inicio formal a la investigación.

El juicio, presidido por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, prevé la declaración de más de 180 testigos y podría sentar un precedente en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en el sistema penitenciario salteño. Las autoridades destacan la complejidad del caso y la importancia de las pruebas presentadas, mientras la sociedad espera que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables.