En un contexto de alta tensión social y política, el presidente Javier Milei ha decidido reactivar el Consejo de Mayo como eje estratégico para avanzar en una serie de reformas estructurales, con especial énfasis en la reforma laboral y el ajuste fiscal. La medida se produce en medio de masivas movilizaciones sindicales y una creciente presión de la oposición, tras la prisión de Cristina Kirchner y el recorte de 48.000 empleos públicos, que el Gobierno considera clave para alcanzar un ahorro anual de casi 1.900 millones de dólares.

El Consejo de Mayo, creado tras el Pacto de Mayo de 2024, debutará en la Casa Rosada con la participación de representantes del Ejecutivo, las provincias, el Congreso, los sindicatos y el sector empresarial. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, será una figura central en la discusión, aunque su poder se verá limitado a partir del 8 de julio, cuando vencen las facultades delegadas del Ejecutivo. Sturzenegger impulsa una reforma laboral orientada a flexibilizar el mercado de trabajo, reducir la rigidez de las paritarias y promover un fondo de cese laboral como alternativa a las indemnizaciones tradicionales. Sin embargo, estas propuestas han generado una fuerte resistencia sindical y tensiones internas dentro del propio Gobierno.

Durante la última reunión de Gabinete, Milei delineó como prioridades el cumplimiento de las metas del FMI, el equilibrio fiscal y la reducción del gasto público al 25% del PBI, además de una reforma tributaria y la modernización laboral. La eliminación de organismos descentralizados como la Marina Mercante y la reestructuración de entidades como el INTA han provocado inquietud en sectores productivos y funcionarios, que temen un ajuste excesivo y sus consecuencias sobre la competitividad y el desarrollo regional.

El Consejo de Mayo enfrenta además demandas de los gobernadores, quienes reclaman mayor coparticipación y fondos para obra pública, en un contexto de fracturas políticas evidenciado por la ausencia de varios mandatarios provinciales en el Pacto de Mayo. Las movilizaciones gremiales, encabezadas por líderes como Hugo Yasky y Pablo Moyano, reflejan el malestar por los recortes y la agenda liberalizadora del Gobierno, mientras que empresarios y sectores industriales observan con cautela el avance de la desregulación.

El Gobierno apuesta a que el Consejo de Mayo proyecte una imagen de gestión proactiva y diálogo institucional, aunque la cercanía de las elecciones legislativas y el creciente descontento social limitan el margen de maniobra. El futuro de las reformas dependerá de la capacidad de Sturzenegger y el Ejecutivo para construir consensos en un escenario marcado por la polarización y la presión de la calle.