El Congreso argentino atraviesa su momento de mayor tensión desde el inicio del gobierno de Javier Milei. En la última semana, gobernadores y legisladores que hasta hace poco respaldaban al oficialismo se sumaron a la oposición para impulsar un paquete de leyes que desafía la política de ajuste fiscal y centralización de fondos del Ejecutivo. Entre los proyectos más relevantes figuran la coparticipación automática de recursos nacionales, el aumento del financiamiento universitario, la declaración de emergencia en salud pediátrica y mejoras en las jubilaciones.

La Casa Rosada, firme en su objetivo de mantener el superávit fiscal, ha advertido que vetará cualquier iniciativa que comprometa sus cuentas. Sin embargo, la pérdida de apoyo entre exaliados y aliados provinciales complica la estrategia oficialista. “Les sacamos todas las leyes, pagamos un costo político altísimo para bancar el ajuste, cortaron de cuajo las transferencias a las provincias, se nos meten en nuestros territorios y encima nos ningunean en los armados electorales. Hasta acá llegó el amor”, expresó un legislador provincial, reflejando el malestar generalizado.

La oposición, por su parte, busca aprovechar la coyuntura para aprobar los proyectos antes del recambio legislativo previsto para después de las elecciones de octubre, cuando el oficialismo podría incrementar su representación. El Senado y la Cámara de Diputados se preparan para debatir iniciativas clave, mientras el Gobierno apuesta a dilatar los tiempos mediante el receso legislativo y la campaña electoral.

El trasfondo de la crisis incluye promesas incumplidas, recortes de fondos y una interna oficialista marcada por disputas en el armado electoral. La inédita unidad de los 24 gobernadores, aunque frágil, ha dado impulso a los proyectos que buscan descentralizar recursos y fortalecer la autonomía provincial. Analistas advierten que el desenlace de esta pulseada legislativa podría redefinir el equilibrio de poder y la gobernabilidad en la antesala de los comicios nacionales.