El Parlamento italiano aprobó un decreto-ley que restringe la ciudadanía por descendencia, generando un fuerte impacto en Sudamérica, especialmente en Argentina. La nueva normativa, impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni, limita la posibilidad de obtener la ciudadanía italiana a hijos y nietos de italianos que no se hayan naturalizado en otro país. Esto deja fuera a bisnietos y tataranietos, quienes hasta ahora podían acceder al pasaporte italiano bajo el principio de "ius sanguinis".

La medida fue aprobada con 137 votos a favor, 83 en contra y 2 abstenciones en la Cámara de Diputados, tras haber sido ratificada previamente por el Senado. Según el gobierno italiano, el objetivo es frenar abusos y comercialización de pasaportes, priorizando a quienes mantienen un vínculo real con Italia. Antonio Tajani, ministro de Relaciones Exteriores, afirmó: "La ciudadanía debe ser una cosa seria, no un simple trámite para obtener beneficios en la Unión Europea".

El decreto también afecta a miles de argentinos que aspiraban a obtener la ciudadanía para residir o trabajar en Europa. En el ámbito deportivo, la normativa impacta en futbolistas argentinos que buscaban jugar en ligas europeas mediante la ciudadanía italiana. Según representantes del sector, las restricciones limitan las oportunidades de jugadores en categorías profesionales y amateurs.

La oposición italiana, liderada por el Partido Democrático, calificó la medida como discriminatoria y un retroceso en derechos. "Esta ley crea ciudadanos de primera y segunda categoría, rompiendo con el principio de igualdad ante la ley", señaló Toni Ricciardi, diputado opositor. Además, expertos legales anticipan una ola de litigios judiciales, argumentando que la normativa podría ser inconstitucional.

En contraste, España ha adoptado una postura más inclusiva, facilitando la ciudadanía a descendientes de emigrantes mediante leyes como la de Memoria Democrática. Italia, sin embargo, enfrenta una crisis demográfica y busca priorizar a quienes estén dispuestos a residir en el país. La nueva ley exige a los solicitantes residir legalmente en Italia por al menos dos años o recurrir a la vía judicial para obtener la ciudadanía.

El decreto ya está en vigor, aunque su implementación completa dependerá de futuras reglamentaciones. Mientras tanto, las solicitudes presentadas antes del 27 de marzo de 2025 se regirán por la normativa anterior, ofreciendo una última oportunidad a algunos descendientes. Sin embargo, para muchos, la puerta a la ciudadanía italiana parece haberse cerrado definitivamente.