La Ley de Ficha Limpia, que busca prohibir que personas con condenas firmes por corrupción puedan postularse a cargos públicos, ha dado un paso importante hacia su aprobación en el Senado argentino. Los senadores de Santa Cruz, Natalia Gadano y José María Carambia, confirmaron su apoyo al proyecto, lo que podría ser decisivo para alcanzar los 37 votos necesarios para su sanción.

El respaldo de Gadano y Carambia, quienes responden al gobernador peronista Claudio Vidal, fue anunciado tras semanas de incertidumbre. Ambos legisladores instaron a la vicepresidenta Victoria Villarruel a convocar una sesión para debatir la ley, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde febrero de este año. "Invitamos a todos los senadores a que esta semana se sesione por la Ley de Ficha Limpia", declaró Carambia en un video difundido en redes sociales.

La iniciativa, que es una de las prioridades legislativas del presidente Javier Milei, busca impedir que personas con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos contra la administración pública puedan postularse a cargos públicos. Esto incluye casos como el de la expresidenta Cristina Kirchner, quien tiene una condena ratificada en doble instancia.

Sin embargo, el camino hacia la aprobación no está exento de obstáculos. El bloque kirchnerista, que cuenta con 34 bancas en el Senado, ya ha manifestado su rechazo al proyecto. Esto hace crucial la unidad del resto de los bloques para alcanzar la mayoría agravada requerida. Además, algunos senadores han propuesto incluir más delitos en la ley, como narcotráfico y violencia de género, lo que podría retrasar su implementación al requerir que el proyecto regrese a la Cámara de Diputados.

La Ley de Ficha Limpia ha generado un intenso debate político. Mientras que sus defensores la ven como un paso hacia la moralización de la política, sus detractores la consideran una maniobra para proscribir a figuras como Cristina Kirchner. Aún no está claro si la vicepresidenta Villarruel convocará a una sesión esta semana para tratar el proyecto, lo que mantiene en vilo su futuro inmediato.

En caso de ser aprobada, la ley representaría un cambio significativo en las reglas de elegibilidad para cargos públicos en Argentina, marcando un precedente en la lucha contra la corrupción y la transparencia política.