La Ruta Nacional 3, una de las principales arterias viales de la Patagonia, continúa siendo un símbolo de corrupción y abandono tras más de 15 años de intentos fallidos por completarla. Este proyecto, que busca mejorar la conectividad y seguridad vial en la región, ha estado marcado por sobrecostos, licitaciones irregulares y disputas legales.

Inicialmente adjudicada a empresas de Lázaro Báez, la obra avanzó solo un 37% antes de ser relicitada en 2016. En esa ocasión, el empresario Cristóbal López, a través de su firma CPC, asumió el proyecto, pero también lo dejó inconcluso. Durante el gobierno de Alberto Fernández, se asignaron casi 10 mil millones de pesos para completar los trabajos, pero los avances fueron mínimos. Actualmente, el gobierno de Javier Milei acusa a López de incumplimiento, mientras que la empresa CPC reclama una deuda de 300 millones de pesos que, según ellos, impide continuar con la obra.

Informes periciales han revelado sobrecostos significativos, incluyendo 50 millones de dólares en uno de los tramos. Además, la obra es parte de un juicio por corrupción que derivó en la condena de Cristina Kirchner y otros funcionarios, así como en una demanda civil de 22.300 millones de pesos por daños y perjuicios.

La Ruta 3 es crucial para más de 7.000 transportistas y viajeros diarios, quienes enfrentan problemas de seguridad vial y congestión debido al estado deplorable de la carretera. A pesar de su importancia, solo se realizan tareas mínimas de mantenimiento, y no hay planes inmediatos para relicitar la obra.

El gobernador de Chubut ha señalado la posibilidad de judicializar el caso para exigir la finalización del proyecto, mientras que el gobierno nacional no descarta rescindir el contrato actual. La Ruta 3 sigue siendo un ejemplo de las dificultades para completar proyectos de infraestructura en Argentina, marcados por corrupción, disputas legales y falta de planificación.

En el contexto actual, la obra permanece paralizada, dejando a miles de usuarios afectados y a la región sin una solución a la vista. La falta de avances subraya la necesidad de una gestión más eficiente y transparente en proyectos de infraestructura clave para el desarrollo del país.