El Senado argentino se prepara para debatir una reforma sustancial a la Ley de Glaciares, una normativa clave para la protección de las reservas de agua dulce y la regulación de actividades mineras en zonas de alta montaña. El proyecto, impulsado por el Gobierno de Javier Milei y respaldado por gobernadores de provincias mineras y sectores empresariales, propone restringir la protección legal únicamente a aquellos glaciares que demuestren una "función hídrica efectiva".

La iniciativa obtuvo dictamen favorable en comisiones y será tratada en el recinto el 10 de febrero de 2026. Según el oficialismo, la ley vigente genera "inseguridad jurídica" y paraliza inversiones millonarias en minería y energía, sectores considerados estratégicos para la generación de divisas y el desarrollo económico nacional. El proyecto permitiría a las provincias determinar, mediante estudios propios, qué áreas deben permanecer protegidas y cuáles pueden ser habilitadas para actividades productivas, como la minería de cobre y litio.

Esta reforma responde a un reclamo histórico de los gobernadores de San Juan, Catamarca, Mendoza, Jujuy y Salta, quienes sostienen que la actual normativa impide el aprovechamiento de recursos naturales y limita el crecimiento regional. El sector empresarial, representado por la Cámara Argentina de la Construcción y la Unión Industrial Argentina, también respalda la modificación, argumentando que la protección debe basarse en criterios científicos claros y en un análisis "caso por caso".

Sin embargo, la propuesta ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición, especialmente del bloque Unión por la Patria. Advierten que la reforma debilita la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, poniendo en riesgo reservas estratégicas de agua dulce en un contexto de cambio climático y creciente escasez hídrica. "La única postura ética, jurídica y científica admisible ante este atropello es el rechazo total de esta reforma legislativa", sostienen referentes ambientalistas.

El debate sobre la Ley de Glaciares expone la tensión entre el federalismo, el desarrollo económico y la preservación ambiental en Argentina. Mientras el Gobierno busca atraer inversiones y dinamizar la economía, críticos alertan sobre las consecuencias a largo plazo para el acceso al agua y la sustentabilidad de los ecosistemas andinos. El resultado de la votación en el Senado podría marcar un punto de inflexión en la política ambiental y productiva del país.