En un hecho sin precedentes durante la gestión de Javier Milei, los 24 gobernadores provinciales de Argentina, sin distinción partidaria, han decidido avanzar en conjunto con un proyecto de ley que busca eliminar fideicomisos y coparticipar fondos provenientes del impuesto a los combustibles y de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La iniciativa surge en respuesta a lo que los mandatarios describen como una situación de emergencia financiera, agravada por la retención de fondos y la reducción de transferencias automáticas desde la Nación.

La propuesta, que cuenta con la firma de gobernadores tanto oficialistas como opositores, apunta a que los recursos que actualmente se distribuyen de manera discrecional pasen a ser repartidos automáticamente entre las provincias, bajo el argumento de que son fondos que les corresponden por ley y que su transferencia no afectaría el equilibrio fiscal nacional. Según estimaciones de los mandatarios, desde noviembre de 2023 las provincias han dejado de percibir alrededor de $30 billones, cifra que incluye recortes en coparticipación, transferencias no automáticas y fondos no ejecutados.

El viernes pasado, representantes provinciales y senadores de distintos bloques políticos mantuvieron una reunión para ultimar detalles del proyecto, que será presentado en el Congreso en los próximos días. El Gobierno nacional, por su parte, ha manifestado su rechazo a la propuesta, argumentando que no es viable en términos fiscales. "Los gobernadores han hecho una propuesta que no tenemos posibilidades de aceptar en aras del equilibrio fiscal", declaró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La tensión se incrementó tras la retención de coparticipación a la provincia de Chubut y la presentación de demandas judiciales por parte de varias provincias. Ocho distritos, entre ellos CABA, Córdoba y La Pampa, no han recibido ATN desde la asunción de Milei, lo que ha profundizado el malestar. El Ejecutivo ofreció recientemente transferir parte de los fondos para obras viales, pero la propuesta fue considerada insuficiente por los mandatarios.

El conflicto se desarrolla en un contexto de crisis económica y recortes presupuestarios, donde el superávit fiscal nacional se sostiene, en parte, por la no ejecución de fondos destinados a las provincias. Analistas advierten que la falta de acuerdo podría derivar en una mayor judicialización del reclamo y poner en riesgo la gobernabilidad y la estabilidad política del gobierno nacional.