El Gobierno argentino oficializó un aumento en las tarifas de luz y gas para el mes de junio, en el marco de la emergencia energética nacional prorrogada hasta julio de 2026. Las tarifas de electricidad tendrán un incremento del 2,82%, mientras que las de gas natural subirán en promedio un 6,45%, dependiendo de la zona geográfica.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) aprobaron los nuevos cuadros tarifarios mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. Estas medidas impactarán a usuarios residenciales y comerciales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y zonas frías del país.

En el caso de la electricidad, el ajuste del Costo Propio de Distribución (CPD) se basa en la evolución de los índices de precios mayoristas y al consumidor publicados por el INDEC. Según las resoluciones, las tarifas diferenciadas contemplan categorías como usuarios residenciales, clubes de barrio y usuarios-generadores que inyectan energía a la red.

Por otro lado, el aumento en las tarifas de gas incluye un recargo sobre el precio del servicio facturado, determinado por subzona tarifaria. Este ajuste busca reforzar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, destinado a cubrir parte del costo del servicio en zonas con mayores necesidades de calefacción.

El Gobierno justificó estas medidas como parte de su política de corrección de precios relativos de la economía y reducción gradual de subsidios. Según el Ministerio de Economía, los ajustes son necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema energético y mantener la remuneración de las distribuidoras en términos reales.

Sin embargo, los aumentos han generado preocupación entre los usuarios, quienes temen un impacto significativo en el costo de vida. Analistas advierten que estas medidas podrían generar tensiones sociales y económicas en el corto plazo, aunque el Gobierno sostiene que son esenciales para la estabilidad del sector energético.

En un contexto de inflación desacelerada pero persistente, estos ajustes tarifarios reflejan la estrategia gubernamental de transición hacia subsidios energéticos focalizados y sostenibilidad económica. Se espera que los nuevos cuadros tarifarios se mantengan vigentes durante el período tarifario de cinco años.