El fiscal federal auxiliar Fabricio Sachi fue imputado formalmente por el delito de resistencia a la autoridad tras un incidente ocurrido durante un control de alcoholemia en Comodoro Rivadavia, el 25 de octubre de 2025. Según la acusación, Sachi, quien se desempeña en Caleta Olivia, circulaba a alta velocidad y, al ser detenido por personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y efectivos policiales, se negó a realizar el test de alcoholemia, profiriendo amenazas laborales y desafiando a pelear a los agentes.

Durante la audiencia de apertura de investigación, presidida por el juez penal Jorge Odorisio, el fiscal jefe Cristian Olazábal detalló que Sachi no solo se negó al procedimiento, sino que también utilizó su cargo para intimidar a los funcionarios actuantes. "Vos no sabés con quién te estás metiendo. Qué lástima que el lunes pierdas tu trabajo por realizar un test de alcoholemia a un fiscal general", habría manifestado Sachi, según consta en el expediente. Posteriormente, el funcionario cerró su vehículo y se retiró del lugar a pie, acompañado por una mujer no identificada.

La defensa, a cargo de Francisco Oneto, solicitó el sobreseimiento inmediato, argumentando que la causa estaba "contaminada" por la exposición mediática y la intervención de autoridades políticas, como el ministro de Seguridad. Sin embargo, el juez Odorisio desestimó estos planteos, considerando que existen elementos suficientes para avanzar con la investigación y que el pedido de sobreseimiento resulta prematuro en esta etapa.

El caso ha generado fuerte repercusión en el ámbito judicial y político de la región, especialmente por tratarse de un funcionario judicial involucrado en un hecho de resistencia a la autoridad. El Ministerio Público Fiscal remarcó que el cargo de Sachi no lo exime de cumplir con las normas de tránsito ni de respetar a la autoridad. La investigación continuará en busca de nuevas pruebas y testimonios, mientras se evalúa la posibilidad de una solución alternativa al conflicto. El desenlace del proceso podría tener consecuencias tanto penales como administrativas para el fiscal imputado.