El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un nuevo incremento en las tarifas de transporte público y peajes, que entrará en vigencia a partir del 5 de marzo de 2026. El ajuste, que afecta a subtes, colectivos y autopistas, responde a la continuidad del esquema de actualización mensual basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 2%, vigente desde el año pasado.

Con este aumento, el boleto de subte pasará de $1.320 a $1.363, mientras que el boleto mínimo de los colectivos porteños se ubicará en $681,85. Las líneas provinciales tendrán un mínimo de $832,57 y las nacionales, que ya habían sido ajustadas en febrero, costarán $700 desde el 16 de marzo. Los peajes en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno alcanzarán los $5.643,78 en hora pico, y la autopista Illia costará $2.346,33 en el mismo horario.

La decisión fue tomada tras la realización de una audiencia pública y la publicación del nuevo cuadro tarifario en el Boletín Oficial de la Ciudad. El Gobierno porteño fundamentó el aumento en la diferencia entre el valor que pagan los usuarios y el costo real del servicio, señalando que el Estado subsidia entre el 70% y el 76% del costo de los viajes en colectivo y subte. Además, se destacó la necesidad de sostener el sistema y financiar inversiones en infraestructura, como la renovación de flotas y estaciones.

El esquema de aumentos se mantendrá durante once meses, con ajustes mensuales según la evolución del IPC más un 2%. Para los usuarios frecuentes, continúan vigentes los descuentos progresivos en el subte y el sistema Red SUBE, que ofrece rebajas de hasta el 75% en combinaciones dentro de dos horas. También se mantienen los beneficios de la tarifa social y los abonos para estudiantes, docentes, jubilados y personas con discapacidad.

Sin embargo, la actualización tarifaria generó críticas y reclamos. La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el impacto del 2% adicional sobre la inflación y solicitó que las actualizaciones se calculen únicamente por IPC. Además, se reiteró la necesidad de mejorar la información y atención a los usuarios, especialmente en el sistema de peajes, donde persisten problemas con el sistema de pago y la imputación de infracciones.

La falta de coordinación entre las distintas jurisdicciones del transporte público en el área metropolitana sigue generando diferencias tarifarias y confusión para los usuarios, quienes enfrentan valores dispares según el medio y la línea elegida. El traspaso del subte a la Ciudad en 2012 marcó el inicio de la divergencia tarifaria con los colectivos, situación que se ha profundizado en los últimos años.

El Gobierno porteño sostiene que los aumentos son necesarios para mantener la calidad del servicio y realizar inversiones, mientras que organizaciones de usuarios y la Defensoría del Pueblo reclaman mayor equidad y transparencia en el sistema tarifario. El debate sobre la estructura de subsidios y la coordinación metropolitana continúa abierto, en un contexto de inflación y presión sobre los costos del transporte público.