El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció una medida que busca revisar los planes sociales otorgados por la ANSES a extranjeros no residentes en Argentina. Este anuncio, realizado a través de las redes oficiales del gobierno provincial, se alinea con las reformas migratorias impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

Sáenz expresó que su administración colaborará con el gobierno nacional para implementar esta medida, que busca "defender los intereses de los argentinos". La iniciativa fue respaldada por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes destacaron la importancia de controlar el uso de servicios públicos por parte de extranjeros.

La provincia de Salta, que limita con Bolivia y Paraguay, enfrenta un intenso flujo migratorio en pasos fronterizos como Salvador Mazza y Aguas Blancas. Según Sáenz, estas reformas son necesarias para garantizar que los servicios sociales sean utilizados por residentes permanentes.

Entre las medidas anunciadas, se incluyen requisitos más estrictos para obtener residencia y ciudadanía, como dos años de residencia continua o inversiones de más de 500,000 dólares. Además, las universidades públicas podrán cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente.

La reforma también establece que los extranjeros deberán presentar una declaración jurada al ingresar al país, indicando los motivos de su entrada y comprometiéndose a no desvirtuarlos. Asimismo, se endurecen las sanciones para quienes ingresen de manera irregular o presenten documentos falsos.

Estas políticas han generado críticas de organizaciones de derechos humanos y expertos en migración, quienes consideran que restringen derechos constitucionales. Sin embargo, sectores del gobierno defienden las medidas como un paso hacia la protección de los intereses nacionales y la atracción de inversiones extranjeras.

La ministra Bullrich destacó que los gastos médicos de extranjeros sin seguro serán cobrados, y aquellos que no los paguen enfrentarán sanciones que les impedirán regresar al país. Además, se prohibirá trabajar a extranjeros en situación migratoria irregular.

En el marco de estas reformas, se creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que busca fomentar la inversión extranjera mediante la concesión de ciudadanía a quienes realicen inversiones significativas.

Las medidas han generado un debate nacional sobre el equilibrio entre el control migratorio y el respeto a los derechos humanos. Mientras algunos sectores ven estas políticas como una oportunidad para atraer inversiones y fortalecer la economía, otros las consideran discriminatorias y contrarias a los principios constitucionales.