La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, ordenó a la República Argentina entregar el contenido de las comunicaciones privadas y oficiales de varios funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa. La decisión se enmarca en el proceso judicial por la expropiación de YPF, donde los fondos demandantes buscan demostrar que la petrolera y el Banco Central actúan como extensiones directas del Estado argentino, lo que permitiría ejecutar una sentencia millonaria contra el país.

La medida, conocida como discovery, incluye la entrega de mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y otras comunicaciones, tanto personales como oficiales. Además, se autorizó la investigación de posibles vínculos de alter ego con Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y ENARSA. El Gobierno argentino, por su parte, sostiene que ya ha cooperado ampliamente, entregando más de 100.000 páginas de documentos, y considera que la nueva orden vulnera la soberanía nacional y la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero.

En su presentación ante la Corte de Apelaciones, Argentina advirtió que la ejecución de la sentencia podría causar un daño irreparable y desatar un conflicto diplomático significativo con Estados Unidos. El Departamento de Justicia norteamericano respaldó la posición argentina, solicitando la suspensión de la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes.

El Gobierno argentino evalúa apelar la orden de Preska y continuar ejerciendo su derecho de defensa. Fuentes oficiales denuncian que los demandantes están abusando del proceso de discovery para hostigar a la República e interferir en los esfuerzos de recuperación económica. La Corte de Apelaciones deberá decidir en los próximos días si mantiene la orden de Preska o si acepta el pedido argentino de suspenderla durante el proceso de apelación.

El caso, que se originó tras la expropiación de YPF en 2012, mantiene en vilo a la economía argentina y podría tener consecuencias de gran alcance para la relación bilateral con Estados Unidos y la estabilidad de empresas estatales clave.