El portero del jardín de infantes Nº 261 de barrio Empalme Graneros, en Rosario, fue imputado y quedó en prisión preventiva por 90 días tras ser acusado de delitos sexuales contra menores. La medida fue dispuesta por el juez Rafael Coria a pedido de la fiscal Antonela Valente, quien investiga una serie de denuncias presentadas por familias de alumnos de la institución.

La causa se inició tras la detención del empleado el pasado 10 de junio, cuando se registraron momentos de tensión frente al establecimiento educativo. Un grupo de madres y familiares se concentró en el lugar para reclamar justicia y protagonizó incidentes que obligaron a desplegar un importante operativo policial. Posteriormente, el Ministerio de Educación intervino el jardín y resolvió reemplazar a todo el personal, incluidos directivos, docentes y asistentes escolares.

Durante la audiencia imputativa, la fiscal atribuyó tres hechos distintos vinculados a tres menores, aunque aclaró que la investigación continúa y que existen más de 11 denuncias en análisis. "En el día de la fecha se imputaron tres hechos distintos en el marco de tres investigaciones. Quiero aclarar que hay más denuncias, pero dado que tuvimos tres días hábiles se imputaron estos hechos y se siguen investigando muchos más. Hay más de 11 denuncias", señaló Valente en conferencia de prensa.

La funcionaria explicó que los testimonios de los niños fueron recibidos mediante un dispositivo especial con participación de psicólogas especializadas y en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación. "Los niños contaron sus primeras palabras en sede de la Comisaría de la Mujer con un equipo de psicólogas especialistas", afirmó la fiscal, quien también destacó la coincidencia en los relatos de los menores.

El imputado, identificado con las iniciales R. L., negó las acusaciones durante la audiencia y fue asistido por la defensa pública. Según la fiscalía, no registra antecedentes penales, aunque sí existían reclamos administrativos previos por conductas atribuidas al empleado en relación con alumnos. Las imputaciones corresponden al capítulo de delitos contra la integridad sexual y las penas previstas van de tres a diez años de prisión efectiva.

El caso generó conmoción social y llevó a la intervención del Ministerio de Educación, que tomó medidas excepcionales para resguardar a los alumnos. Las familias de las víctimas exigen justicia y la pena máxima para el acusado, mientras la investigación continúa y podrían sumarse nuevas denuncias en los próximos días.