La reciente detención de Nicolás Payarola, exabogado de Wanda Nara, ha generado un fuerte impacto en el ámbito judicial y mediático argentino. Payarola fue arrestado en su domicilio de Nordelta, Tigre, tras ser acusado de al menos once hechos de estafa y administración fraudulenta, con un perjuicio económico que superaría los 1,8 millones de dólares.

Entre las víctimas de las maniobras fraudulentas figuran la conductora y empresaria Wanda Nara, la familia del futbolista campeón mundial Gonzalo Montiel y varias abogadas que colaboraron en causas vinculadas a Nara. Según la investigación, Payarola habría utilizado su posición de confianza para administrar fondos y realizar operaciones que nunca se concretaron, afectando gravemente el patrimonio de sus clientes.

La fiscalía de San Isidro, a cargo de Cosme Iribarren, lideró la investigación junto a la Policía Bonaerense. Durante la audiencia de indagatoria, Payarola se negó a responder preguntas y solicitó que Wanda Nara sea citada como testigo, intentando desvincularse de los hechos que se le imputan. "Voy a solicitar la comparecencia como testigo de Wanda Solange Nara. A mi criterio nada tengo que ver con el hecho que se me endilga", declaró el abogado ante la Justicia.

Por su parte, Wanda Nara rompió el silencio y aseguró: "Yo también fui estafada. Estoy a disposición de la Justicia". La empresaria relató que detectó movimientos sospechosos en sus cuentas y que, tras confrontar a Payarola, este admitió haber cobrado pagos sin informarle y prometió devolver el dinero en cuotas, aunque solo cumplió parcialmente antes de ser detenido.

El caso también involucra a la familia Montiel, que transfirió cerca de 700 mil dólares para un proyecto inmobiliario que nunca se concretó. Otras víctimas relataron maniobras similares, en las que Payarola ganaba la confianza de sus clientes para luego incumplir sus compromisos y evitar el contacto.

La causa sigue abierta y se esperan nuevas citaciones, mientras la Justicia avanza en el esclarecimiento de los hechos. El escándalo ha puesto en el centro de la escena la vulnerabilidad de figuras públicas ante delitos económicos y la necesidad de mayores controles en la administración de sus patrimonios.