La Prefectura Naval Argentina llevó a cabo dos allanamientos simultáneos en la ciudad de Neuquén, en el marco de una investigación federal por presunta trata de personas con fines de explotación sexual. Según informaron fuentes judiciales, los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Neuquén, a cargo del Dr. Gustavo Villanueva, y coordinados por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de la jurisdicción, bajo la dirección de la Dra. Ángela Pagano Mata.

Durante los operativos, realizados en dos inmuebles de la capital provincial, se identificó a ocho personas consideradas presuntas víctimas del delito investigado. En uno de los domicilios, los efectivos hallaron a las víctimas, un teléfono celular, una agenda, documentación relevante y dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera. En el segundo inmueble, se incautaron cuatro teléfonos celulares, una camioneta y una suma considerable de dinero, también en distintas monedas.

El valor total de los bienes secuestrados supera los 53 millones de pesos, lo que, según los investigadores, evidencia la magnitud económica de la estructura desarticulada. La Justicia Federal investiga ahora el origen de los fondos y el posible lavado de activos, mientras peritos informáticos analizan los dispositivos electrónicos para reconstruir la red de contactos y determinar el alcance de las actividades ilícitas.

Por disposición judicial, dos personas quedaron supeditadas a la causa en calidad de investigadas por los delitos de trata de personas y explotación sexual. Hasta el momento, no se informó sobre detenciones formales ni sobre la formulación de cargos.

La intervención de organismos especializados, como el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata y el Centro de Asistencia a la Víctima del Delito de Neuquén, permitió activar protocolos de contención y protección para las personas identificadas. Las autoridades destacaron la coordinación entre fuerzas de seguridad y equipos de asistencia, así como la importancia de resguardar la integridad de las pruebas.

La investigación continúa bajo secreto de sumario, mientras la fiscalía evalúa el grado de participación de los sospechosos y la posible existencia de otros involucrados. El caso se inscribe en una serie de operativos recientes contra redes de explotación sexual en la región patagónica, y podría tener implicancias en futuras acciones judiciales y de protección a víctimas.