El triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido en Florencio Varela, ha generado conmoción y debate en la sociedad argentina. Las jóvenes, de entre 15 y 20 años, fueron halladas asesinadas y enterradas en el patio de una vivienda, tras haber desaparecido el 19 de septiembre al abordar una camioneta en Ciudad Evita. Las autopsias confirmaron que sufrieron torturas antes de ser asesinadas.

La investigación, liderada por el fiscal Carlos Adrián Arribas, cuenta con siete detenidos y dos prófugos: Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, y Matías Ozorio, señalados como los presuntos líderes de un clan narco de origen peruano. Se sospecha que el crimen pudo haber sido transmitido en vivo como mensaje mafioso, y la fiscalía trabaja para recuperar el video y rastrear pruebas digitales en celulares y redes sociales. Una carta anónima hallada en una comisaría y movimientos bancarios online han aportado nuevas pistas sobre el paradero de los prófugos.

Sin embargo, la investigación enfrenta cuestionamientos. Familiares y abogados de las víctimas expresan dudas sobre la existencia real de “Pequeño J” y critican la posible manipulación de la causa, pidiendo que el caso pase al fuero federal por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. “No sabemos quién es este Pequeño J, ni siquiera si existe”, declaró Diego Storto, abogado de la familia de Morena Verdi. Leonel del Castillo, padre de Brenda, denunció: “Para mí, están encubriendo algo, esto es un encubrimiento bárbaro”.

El caso ha puesto en el centro del debate la actuación de las fuerzas de seguridad y la jurisdicción judicial, así como la necesidad de políticas más efectivas contra la narcocriminalidad y la violencia de género. Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan reclamando justicia y transparencia, en medio de un proceso judicial que aún mantiene varios cabos sueltos y un fuerte impacto social.