La reciente detención de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses ha desencadenado una ofensiva judicial en Argentina. Representantes de víctimas venezolanas y organizaciones civiles presentaron un pedido formal ante el juez federal Sebastián Ramos para que se active la extradición del exmandatario, con el objetivo de juzgarlo en territorio argentino por delitos de lesa humanidad.

El pedido, impulsado por los abogados Tomás Farini Duggan y Waldo Wolff en nombre de FADER y FADD, se fundamenta en el principio de jurisdicción universal, consagrado en el artículo 118 de la Constitución Nacional. Este principio permite que crímenes que afectan a la humanidad sean juzgados en cualquier país, independientemente de dónde se hayan cometido.

La causa argentina, que ya había motivado en 2024 una orden de captura internacional contra Maduro, investiga un plan sistemático de desapariciones forzadas, torturas, violaciones y ejecuciones contra la población civil venezolana. Los querellantes insisten en que el proceso judicial en Argentina es fundamental para garantizar el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas, y evitar que los cargos por narcotráfico y terrorismo que enfrenta Maduro en Estados Unidos releguen los crímenes de lesa humanidad.

El procedimiento requiere que el juez Ramos formalice el pedido de extradición a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que implicará negociaciones diplomáticas con el gobierno estadounidense, actual custodio de Maduro. "Solicitamos que se requiera la inmediata extradición para que el imputado rinda cuenta por los graves delitos ejecutados contra el pueblo venezolano", señalaron los querellantes en el escrito presentado ante la Cancillería.

El caso se enmarca en un contexto de creciente cooperación internacional en materia de derechos humanos, con antecedentes de aplicación de la jurisdicción universal por parte de la justicia argentina en otros casos internacionales. El desenlace dependerá de la coordinación entre los sistemas judiciales y diplomáticos de Argentina y Estados Unidos, así como de la voluntad política de priorizar los procesos por crímenes de lesa humanidad.