La Argentina se prepara para un cambio significativo en su sistema electoral con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en las próximas elecciones legislativas nacionales, previstas para el 26 de octubre de 2025. Esta reforma, establecida por la Ley 27.781 sancionada en octubre de 2024, busca reemplazar el tradicional sistema de boletas partidarias por una única papeleta que agrupa todas las opciones y categorías en competencia.

En una serie de reuniones celebradas en la Casa Rosada, funcionarios del Gobierno nacional, jueces federales y autoridades de la Cámara Nacional Electoral (CNE) ajustaron los últimos detalles para la puesta en marcha de la BUP. El vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, destacó que "la Boleta Única de Papel es un logro de todo el sistema político" y subrayó que el nuevo mecanismo permitirá "un sistema mucho más transparente, eficiente e igualitario, que le permite a todos estar representados y al ciudadano elegir libremente". La subsecretaria de Asuntos Políticos, Giselle Castelnuovo, y la titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Luz Landívar, acompañaron el mensaje institucional, reafirmando el compromiso de garantizar un proceso electoral exitoso.

Sin embargo, la transición no está exenta de desafíos. Jueces federales manifestaron su preocupación por la impresión en tiempo y forma de las papeletas, solicitando información precisa sobre las empresas encargadas del proceso. El Gobierno respondió que serán 11 las firmas responsables, la mayoría ubicadas en la provincia de Buenos Aires, y se comprometió a brindar detalles adicionales en los próximos días. Además, especialistas advierten que, contrariamente a lo esperado, la BUP podría resultar más costosa para el Estado que el sistema anterior de boletas partidarias.

En Córdoba, donde la BUP ya se ha utilizado en elecciones locales, el diseño compacto de la papeleta plantea nuevos retos: la reducción del espacio para fotografías y nombres de candidatos podría dificultar la identificación rápida por parte de los electores. El color y el orden de los partidos serán definidos por sorteo, y la reglamentación recomienda el uso de un solo color pleno para evitar confusiones.

El cambio responde a reclamos históricos de partidos menores sobre la manipulación y disponibilidad de boletas, y se enmarca en una tendencia regional hacia sistemas electorales más estandarizados y transparentes. Mientras el Gobierno y la Justicia Electoral celebran la reforma como un avance institucional, algunos medios y especialistas advierten sobre los desafíos logísticos y el posible incremento de costos. El debut de la BUP en las elecciones legislativas será observado de cerca por todos los actores políticos y ciudadanos, atentos a su impacto en la transparencia y equidad del proceso democrático.