Un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) incorporado a la causa judicial que investiga a Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito reveló que Jesica Cirio, ex esposa del ex jefe de Gabinete bonaerense, recibió aproximadamente 70 millones de pesos de empresas vinculadas al sector del juego entre 2021 y 2023. Según la documentación, Desarrollos Turísticos Victoria S.A. pagó 35 millones de pesos, Casino de Victoria S.A. 19 millones y el Hipódromo Argentino de Palermo otros 17 millones a Cirio durante ese período. Estas compañías están relacionadas con los empresarios Daniel Mautone y Federico de Achával, ambos con fuerte presencia en el negocio del juego en Argentina.

El informe también detalla que Telefe abonó 17 millones de pesos a Cirio por su participación como conductora en el programa "La Peña de Morfi". Además, se identificó una transferencia internacional de 693.000 dólares proveniente de Zumba Fitness LLC, con sede en Miami. Entre 2009 y 2023, Cirio realizó operaciones de compra y venta de moneda extranjera por un total de 1,94 millones de dólares, aunque existen inconsistencias en la denominación de los montos, según fuentes judiciales.

La investigación, impulsada por la ONG Poder Ciudadano como querellante, apunta a determinar si los pagos recibidos por Cirio podrían constituir sobornos encubiertos destinados a favorecer a Insaurralde en su rol político, especialmente considerando su influencia sobre el Instituto Provincial de Lotería y Casinos durante el período investigado. El fiscal Sergio Mola solicitó la indagatoria y detención de ambos, argumentando riesgo de obstrucción de la investigación, mientras que las defensas rechazan las acusaciones y sostienen la legalidad de los ingresos.

El caso se desarrolla en un contexto de creciente escrutinio sobre la relación entre la política y el sector del juego en la provincia de Buenos Aires. El informe contable de la Corte Suprema, previsto para el 17 de julio, será determinante para el avance de la causa. Mientras tanto, el debate público se centra en la transparencia patrimonial de los funcionarios y sus allegados, así como en la necesidad de fortalecer los controles sobre el origen de los fondos en sectores sensibles de la economía.