El juez federal Daniel Rafecas desestimó las denuncias penales presentadas por el presidente Javier Milei contra los periodistas Carlos Pagni y Ari Lijalad, argumentando que no se cometió ningún delito y que las expresiones de los periodistas están protegidas por la libertad de prensa.

La denuncia contra Carlos Pagni se originó a partir de comentarios realizados en su programa "Odisea Argentina" en LN+, donde el periodista trazó un paralelismo histórico sobre la fragmentación del sistema democrático, mencionando el ascenso de Adolf Hitler al poder en Alemania. Milei interpretó estas declaraciones como una comparación directa que afectaba su honor y reputación. Sin embargo, Rafecas determinó que los dichos de Pagni constituían un análisis político general y no implicaban imputaciones concretas ni injuriosas hacia el Presidente.

En el caso de Ari Lijalad, la denuncia se basó en una columna publicada en el portal "El Destape" titulada "Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi". Rafecas también desestimó esta querella, argumentando que las expresiones del periodista estaban enmarcadas dentro del ejercicio legítimo de la libertad de prensa y no constituían delito alguno.

El fallo del juez incluyó un repaso extenso de los principios constitucionales e internacionales que protegen la libertad de prensa. Citó el caso Kimel vs. Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que los funcionarios públicos deben tolerar un mayor grado de crítica debido a su exposición y rol. Rafecas advirtió que utilizar el ámbito penal para perseguir opiniones periodísticas podría comprometer el debate democrático.

Desde 2009, la legislación argentina adaptada a los estándares internacionales protege la libertad de expresión y restringe las penas de prisión para delitos de calumnias e injurias. En este contexto, el juez subrayó que las expresiones cuestionadas no atribuían delitos ni deshonraban intencionalmente a Milei, y que su valoración jurídica requiere una especial prudencia.

El fiscal federal Ramiro González ya había expresado que las declaraciones de Pagni no constituían delito alguno y que no correspondía impulsar una investigación contra el periodista. González destacó que la libertad de expresión es una garantía constitucional fundamental que implica el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

El fallo de Rafecas fue recibido como un refuerzo a los estándares de protección de la libertad de prensa en Argentina, especialmente en contextos de análisis político. Este caso pone de relieve la importancia de garantizar un debate democrático robusto y plural, donde las opiniones periodísticas puedan expresarse sin temor a represalias penales.