El Senado argentino enfrenta un nuevo capítulo en el debate sobre la ley de Ficha Limpia, una normativa que busca impedir que personas con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos de corrupción puedan ocupar cargos públicos. Aunque el proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, su sanción en el Senado se encuentra estancada debido a la falta de consenso político.

Silvia Lospennato, diputada del Pro e impulsora del proyecto, señaló que faltan dos votos de senadores de Santa Cruz para alcanzar la mayoría absoluta necesaria de 37 votos. "Es paradójico que quienes hicieron campaña contra el kirchnerismo ahora no apoyen esta ley", declaró Lospennato en una entrevista televisiva. Además, instó a la sociedad a presionar a los legisladores para que definan su postura sobre la corrupción en la política.

El proyecto, que ya cuenta con dictamen desde febrero, fue retirado del temario en la sesión del 9 de abril debido a la falta de apoyo. La vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel, ha evitado involucrarse directamente en el tema, delegando decisiones al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Según fuentes legislativas, sectores del radicalismo han expresado dudas sobre la cantidad de delitos incluidos en la normativa, lo que podría requerir modificaciones y un eventual retorno a Diputados.

La ley de Ficha Limpia ha generado un intenso debate político, especialmente en un año electoral. La normativa afecta directamente a figuras políticas con antecedentes judiciales, como Cristina Kirchner, lo que ha llevado a la oposición a utilizarla como herramienta de presión contra el bloque peronista. Sin embargo, no se han registrado avances concretos para su tratamiento en el Senado.

En Diputados, el proyecto fue aprobado con apoyo de múltiples bloques, incluyendo Pro, libertarios, radicales y un sector del peronismo. Se eliminó una cláusula que limitaba su aplicación, ampliando su alcance. La normativa establece que la Cámara Nacional Electoral llevará un registro público de las personas alcanzadas por la ley, quienes también estarán inhabilitadas para ocupar cargos en la administración pública.

El debate sobre Ficha Limpia refleja una creciente demanda social por mayor transparencia y ética en la política. Sin embargo, las tensiones entre los bloques políticos y la falta de consenso en el Senado han retrasado su sanción, dejando en suspenso una normativa que podría marcar un antes y un después en la política argentina.