El Consejo de la Magistratura de la Nación avanzó este martes en el proceso para enviar a juicio político a dos jueces federales, Alfredo López y Pablo Díaz Lacava, acusados de graves faltas en el ejercicio de sus funciones. La Comisión de Acusación aprobó por unanimidad el dictamen para acusar a López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, por la difusión de mensajes antisemitas en redes sociales. En el caso de Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, La Pampa, la acusación se centra en violencia laboral, amenazas y violencia de género contra empleados judiciales.

Según el dictamen, las declaraciones atribuidas a López fueron reconocidas por el propio magistrado y consideradas incompatibles con los deberes judiciales y los compromisos internacionales asumidos por Argentina, especialmente en materia de derechos humanos y prevención del genocidio. El dictamen sostiene que sus expresiones reproducen discursos de odio históricamente vinculados al antisemitismo y violan principios constitucionales de igualdad y respeto.

Por su parte, Díaz Lacava enfrenta denuncias por crear un ambiente de "terror manifiesto" en su tribunal, con actos de hostigamiento, amenazas, humillaciones y violencia física y psicológica, especialmente agravados en casos de mujeres. El caso también fue elevado a juicio oral en sede penal, y peritajes forenses confirmaron el daño psíquico a los empleados afectados.

El plenario del Consejo de la Magistratura, presidido por el ministro de la Corte Suprema Horacio Rosatti, deberá decidir si ambos jueces son enviados a juicio político y suspendidos de sus cargos. Para ello, se requieren dos tercios de los votos de los 20 consejeros. De aprobarse, López y Díaz Lacava serán juzgados por mal desempeño ante un jury de enjuiciamiento, con la posibilidad de ser destituidos.

El proceso se desarrolla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ha generado un fuerte debate sobre la responsabilidad y la ética en el Poder Judicial. Consejeros como Luis Juez subrayaron la importancia de garantizar la imparcialidad y la confianza en la Justicia: “No estamos juzgando cómo piensa el Dr. López, estamos juzgando si la Argentina puede confiar en que todos los ciudadanos serán iguales ante su tribunal”.

Ambos casos reflejan la creciente atención sobre la conducta de los magistrados y la exigencia de transparencia y respeto a los derechos humanos en el sistema judicial argentino.