El Tribunal Oral Federal N°8 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Marcelo D'Alessio a 13 años y 6 meses de prisión por su rol como líder de una organización dedicada al espionaje ilegal, la extorsión y el lavado de dinero entre 2016 y 2019. La sentencia, dictada tras un extenso juicio oral de casi dos años, también alcanzó a exagentes de inteligencia y empresarios, y ordenó profundizar la investigación sobre posibles ramificaciones internacionales y la filtración de información confidencial desde organismos estatales.

La causa se inició en enero de 2019, cuando el empresario Pedro Etchebest denunció que D'Alessio le exigió 300.000 dólares para evitar ser involucrado en la causa conocida como "los cuadernos", impulsada por el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadío. La denuncia, respaldada por audios y registros digitales, destapó una red que utilizaba información obtenida ilegalmente para extorsionar a empresarios y manipular causas judiciales, valiéndose de contactos en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el Ministerio de Seguridad y medios de comunicación.

Durante el juicio, que incluyó la declaración de más de 100 testigos y el análisis de 30.000 gigas de pruebas digitales, se probó que D'Alessio y sus cómplices operaban en dos asociaciones ilícitas: una dedicada al espionaje y la extorsión, y otra al lavado internacional de activos. Entre los condenados figuran los exagentes de inteligencia Ricardo Oscar Bogoliuk y Rolando Hugo Barreiro, con penas de 9,5 y 6 años respectivamente, y los empresarios Pablo Bloise, Marcelo González Carthy de Gorriti y Aldo Sánchez, con penas en suspenso por su rol en el "Grupo Buenos Aires".

El tribunal absolvió a otros imputados, incluidos policías y un boxeador, y ordenó continuar la investigación sobre la mecánica financiera internacional y la identidad de los verdaderos beneficiarios del dinero lavado. El fiscal Stornelli, inicialmente procesado, fue sobreseído antes del juicio, lo que generó controversia sobre la actuación judicial en el caso.

El fallo fue interpretado como un avance en la lucha contra el espionaje ilegal y la corrupción, aunque persisten interrogantes sobre la profundidad de las conexiones entre inteligencia, justicia, medios y política. La investigación sigue abierta, con la expectativa de que se esclarezcan las responsabilidades de otros funcionarios y el destino de los fondos ilícitos.