La Fundación Apolo presentó una denuncia penal en Argentina contra una presunta red de espionaje vinculada al régimen de Nicolás Maduro. Según el escrito, esta organización criminal estaría dedicada a hostigar y perseguir a disidentes venezolanos en territorio argentino y otros países de la región.

El caso central de la denuncia es el de José Zambrano Erazo, hijo de una exfuncionaria del Ministerio de Cultura de Venezuela, quien habría sido víctima de amenazas, seguimientos y vigilancia ilegal desde 2017. Zambrano y su familia abandonaron Venezuela tras sospechas de malversación de fondos en el ministerio donde trabajaba su madre, Mery Erazo. Desde entonces, han sido perseguidos en varios países, incluyendo Argentina, donde Zambrano residió entre 2018 y 2024.

En Argentina, Zambrano denunció haber recibido amenazas que incluían detalles de su rutina diaria, además de ser seguido por vehículos sospechosos. También fue incluido en una "lista negra" del régimen venezolano, conocida como "Operación Tun Tun", que busca neutralizar a opositores políticos. La Fundación Apolo sostiene que esta red de espionaje habría accedido a información migratoria protegida, lo que sugiere posibles filtraciones o complicidad dentro del Estado argentino.

La denuncia, firmada por el legislador porteño Yamil Santoro y otros representantes de la Fundación Apolo, acusa a la red de cometer delitos de asociación ilícita, encubrimiento y amenazas agravadas. Además, argumenta que los hechos podrían constituir crímenes de lesa humanidad debido a su sistematicidad y motivación política.

"Estamos frente a un caso gravísimo de persecución política ejecutada fuera de las fronteras venezolanas, por una estructura que opera con métodos de inteligencia, acoso sistemático y amenazas contra exfuncionarios o críticos del chavismo", afirmó Santoro. La Fundación Apolo también destacó la importancia de evitar que Argentina sea utilizada como base de operaciones para el régimen de Maduro.

El caso de Zambrano no es aislado. La denuncia menciona antecedentes similares en otros países, como el asesinato de un exmilitar venezolano en Chile, presuntamente ordenado por el chavismo. Estos hechos refuerzan la hipótesis de una red transnacional de espionaje y persecución política.

La Justicia argentina deberá determinar si existe una red de inteligencia operando en el país y si se han violado derechos fundamentales de los exiliados venezolanos. De confirmarse, el caso podría escalar a nivel internacional, dado que involucra posibles crímenes de lesa humanidad y violaciones a tratados internacionales de derechos humanos.