El Gobierno nacional autorizó este lunes un anticipo financiero de hasta $400.000 millones para la provincia de Córdoba, con el objetivo de asistirla ante dificultades financieras transitorias que le impiden afrontar compromisos presupuestarios y de deuda. La medida, oficializada a través del decreto 584/2026 publicado en el Boletín Oficial, responde a un pedido formal de la administración de Martín Llaryora y se enmarca en un contexto de tensiones fiscales en varias provincias argentinas.

Según el decreto, la asistencia será otorgada por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía durante el ejercicio fiscal 2026 y deberá ser reintegrada antes de fin de año. El monto efectivo será determinado en función de la capacidad de repago de Córdoba y su participación en la recaudación de tributos nacionales. La devolución del anticipo se realizará mediante retenciones automáticas sobre los fondos de coparticipación federal y otros recursos coparticipables, y el préstamo devengará intereses a una tasa fija nominal anual del 15%.

El Ejecutivo nacional justificó la decisión señalando que busca "ajustar en equidad a todas las jurisdicciones", recordando que durante el año ya se otorgaron asistencias similares a provincias como Santa Fe, Entre Ríos y Jujuy. En total, al menos 15 provincias han solicitado adelantos de fondos en 2026 para hacer frente a compromisos urgentes, en un contexto de caída de la recaudación nacional y menores envíos de coparticipación.

El gobernador Martín Llaryora destacó la importancia del auxilio financiero para reforzar su gestión y el plan de obras, en un año clave para su proyección política. Córdoba enfrenta una deuda récord de 3.094 millones de dólares, aunque la relación deuda/recaudación mejoró respecto a 2019. Analistas interpretan la medida como parte de una estrategia del Gobierno nacional para sumar apoyos provinciales en el Congreso, especialmente en el marco de la discusión por la reforma electoral impulsada por el oficialismo.

El mecanismo de adelanto de coparticipación no es nuevo, pero el Gobierno busca ahora sistematizarlo y establecer un tope global para ordenar las cuentas provinciales en momentos de tensión financiera. Se espera que la medida tenga impacto tanto en la estabilidad fiscal de Córdoba como en el escenario político nacional, de cara a futuras negociaciones legislativas.