Un informe reciente del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, publicado en varios medios nacionales, revela que la pobreza extrema persiste en el norte argentino, especialmente en zonas rurales y en hogares con niños, a pesar de la baja oficial de la pobreza al 28% reportada por el INDEC. El estudio, que combina datos del Censo 2022 y la Encuesta de la Deuda Social Argentina 2023, ofrece una radiografía más profunda de la vulnerabilidad estructural que afecta a miles de familias.

Según el informe, departamentos como Rivadavia en Salta, Ramón Lista y Sarmiento en Formosa, y varios en Santiago del Estero, concentran los peores índices de pobreza multidimensional extrema. En Rivadavia, por ejemplo, el 59,2% de los hogares se encuentra en situación de pobreza extrema, con un 67% careciendo de agua potable y condiciones constructivas adecuadas. La situación es especialmente grave en hogares con niños y adolescentes, donde la pobreza infantil alcanza niveles alarmantes: el 41,3% de los menores de 14 años vive en pobreza.

El índice elaborado por la UCA mide once variables, incluyendo calidad de vivienda, acceso a servicios básicos, nivel educativo y situación laboral de los padres, así como la vulnerabilidad asociada a la infancia. Los resultados muestran que las regiones del NOA y NEA superan ampliamente el promedio nacional de pobreza extrema, con valores de 39,5 y 38,1 respectivamente, frente al 32 nacional.

Especialistas y organizaciones sociales critican la metodología oficial de medición de la pobreza, que se basa únicamente en los ingresos y no refleja las carencias estructurales que afectan la calidad de vida. "La pobreza más extrema es cuando el sistema no registra que existís", señala Jerónimo Chemes, de la ONG La Chata Solidaria. Desde el gobierno nacional se destaca la baja en la tasa de pobreza, pero referentes territoriales y académicos insisten en la necesidad de políticas públicas sostenidas y mediciones más integrales.

El debate sobre cómo medir la pobreza en Argentina se intensifica, mientras las ONG reportan un aumento en los pedidos de ayuda y dificultades crecientes para acceder a programas sociales. La persistencia de la pobreza estructural en el norte del país evidencia la urgencia de abordar las desigualdades regionales con políticas focalizadas y un enfoque multidimensional.