La Justicia de La Rioja ordenó la suspensión por 30 días del proyecto minero Vicuña, el mayor emprendimiento cuprífero de Argentina, tras un fallo de la jueza María Greta Decker que encendió las alarmas en la industria minera nacional. La medida, dictada el 16 de abril de 2026, responde a la falta de presentación de un estudio de impacto ambiental por parte de la empresa ante las autoridades riojanas, a pesar de que el yacimiento se encuentra en San Juan y el acceso histórico se realiza por caminos de La Rioja.

El fallo judicial, solicitado por la Secretaría de Ambiente de La Rioja, ordena la instalación de retenes policiales para bloquear el tránsito de maquinaria y vehículos vinculados al proyecto, afectando a más de 600 vehículos que diariamente cruzan 140 kilómetros de rutas provinciales. La resolución busca prevenir daños ambientales potenciales y proteger la biodiversidad de la región, según argumentaron las autoridades riojanas.

El conflicto tiene raíces profundas, ya que las comunidades locales han reclamado durante años compensaciones socioeconómicas, empleo y desarrollo de proveedores, sin resultados concretos. El ministro de Trabajo de La Rioja, Federico Bazán, y el intendente de General Lamadrid, Luis Orqueda, expresaron su descontento por la falta de inclusión laboral y el impacto negativo en la economía regional.

Por su parte, trabajadores mineros manifestaron su preocupación por la posible pérdida de empleos y el aumento de los costos logísticos, advirtiendo sobre movilizaciones y medidas de protesta. "Nos ponen en esta situación de apriete", señaló Klaus Schroeder, trabajador de Guandacol.

El gobierno riojano sostiene que exige a Vicuña el mismo cumplimiento normativo que otras empresas mineras ya respetan en la provincia. La suspensión judicial podría escalar a la Corte Suprema si no se alcanza una solución en instancias inferiores. Mientras tanto, la industria minera observa con atención el desenlace de un conflicto que podría sentar precedentes para futuros proyectos extractivos en el país.