La difusión de un video deepfake que simula la voz y la imagen del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, por parte del diputado nacional Rodrigo de Loredo, generó una fuerte polémica en el ámbito político provincial y nacional. El video, realizado con inteligencia artificial (IA) y publicado en redes sociales, fue presentado por De Loredo como un recurso irónico y alternativo para expresar críticas políticas, asegurando que en todo momento se aclaró su carácter artificial.

La reacción del oficialismo fue inmediata y contundente. Llaryora calificó el hecho como una "injuria" y exigió una disculpa pública, además del retiro del video. "Me han injuriado y eso siempre duele", expresó el gobernador durante un acto en Río Cuarto, donde también advirtió sobre la dificultad de reparar el daño causado por la difusión de información falsa, especialmente cuando se utilizan nuevas tecnologías. El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, y el jefe del bloque oficialista, Miguel Siciliano, consideraron el acto como un "delito" y una "grave falta ética", solicitando la intervención de la Justicia y el repudio de todos los sectores políticos.

Por su parte, De Loredo defendió su accionar, argumentando que el video es un formato alternativo, comparable a una viñeta humorística, y que fue explícito en aclarar el uso de IA tanto en la publicación como en la descripción. "No hay ningún engaño, todo el mundo se da cuenta de que es IA", sostuvo el diputado, quien además afirmó que su objetivo era poner en evidencia problemas de gestión en la provincia.

El episodio reavivó el debate sobre los límites éticos y legales del uso de inteligencia artificial en la política argentina. Intendentes y legisladores de distintos partidos expresaron su preocupación por el impacto de estas herramientas en la confianza pública y la institucionalidad democrática. El caso se suma a antecedentes recientes de manipulación digital en campañas políticas, como el video falso de Mauricio Macri durante las elecciones legislativas porteñas.

Mientras tanto, la sociedad y los actores políticos discuten la necesidad de avanzar en una legislación que regule y penalice el uso malintencionado de la IA en el ámbito público. El incidente deja en evidencia la urgencia de establecer límites claros para preservar la integridad del debate democrático en la era digital.