La Justicia federal de Lomas de Zamora investiga un presunto esquema de lavado de dinero que involucra a la financiera Sur Finanzas y a varios monotributistas de bajo perfil impositivo. El caso más llamativo es el de Ignacio M., un joven de 32 años que, pese a estar inscripto como monotributista categoría D y declarar domicilio en una vivienda modesta del conurbano bonaerense, movió $87.000 millones a través de billeteras virtuales en poco más de un año. Esta cifra representa más del 70% de los fondos investigados en esta etapa del expediente.

La investigación, iniciada por una denuncia de la DGI, apunta a determinar si Sur Finanzas, dirigida por Maximiliano Ariel Vallejo, funcionó como vehículo para el lavado de hasta $818.000 millones desde su creación hace menos de cuatro años. Vallejo, quien mantiene vínculos cercanos con Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, se presentó personalmente en el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella, y entregó su teléfono celular y el de su madre, Graciela Beatriz Vallejo, presidenta formal de la financiera. Ambos dispositivos quedaron bajo peritaje judicial para recuperar información relevante para la causa.

El caso de Ignacio M. destaca por la disparidad entre sus ingresos declarados y los movimientos registrados. En 2024, declaró ante ARCA ingresos por menos de $5 millones, pero adquirió un BMW valuado en casi $100 millones y recibió facturas por más de $230 millones de Sur Finanzas y QBIT Capitals. Sus antecedentes laborales previos se limitan a tiendas de ropa deportiva en La Plata, y desde 2020 figura como prestador de servicios de asesoría financiera.

La investigación se extiende a otros tres monotributistas que también realizaron movimientos millonarios en breves períodos, todos vinculados a Sur Finanzas. Entre ellos, Brian A. registró ingresos en efectivo por $390 millones y transferencias que superaron los $10.000 millones, mientras Emilio V. y Alejo A.O. movieron $14.500 millones y $9.800 millones respectivamente mediante billeteras virtuales.

La fiscal federal Cecilia Incardona ordenó allanamientos en la sede central de Sur Finanzas en Adrogué, en todas sus sucursales y en el club Banfield, además del congelamiento de cuentas bancarias de la firma. El juzgado continúa recibiendo reportes de entidades financieras y plataformas virtuales para reconstruir el circuito de operaciones y determinar si los movimientos responden a un esquema organizado o a maniobras individuales.

El volumen de dinero involucrado y la rapidez de las operaciones han puesto en foco la vulnerabilidad del sistema impositivo y financiero argentino, generando preocupación entre las autoridades y el público. El avance de la causa podría tener implicaciones significativas para la regulación de las operaciones financieras y el control del lavado de dinero en el país.