Nueve hombres fueron procesados por el delito de trata de personas, acusados de explotar sexualmente a 50 mujeres, incluidas dos menores de edad, en un local nocturno que operaba bajo la apariencia de un boliche en el barrio porteño de Recoleta. La investigación, impulsada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12 y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), se inició tras una denuncia anónima realizada en abril de 2022 a la Línea 145.

El local, ubicado en Vicente López 2134, funcionaba como bar y boliche, pero en realidad era un prostíbulo encubierto. Según la investigación, las mujeres eran captadas a través de redes sociales con ofertas laborales engañosas bajo el término “presencias”. Una vez dentro, eran sometidas a un estricto control y obligadas a permanecer en el lugar durante toda la noche, sin poder retirarse antes de las 6 de la mañana. Los encuentros sexuales se pactaban en el local y se concretaban en hoteles cercanos, con tarifas que oscilaban entre 150 y 500 dólares, de los cuales los organizadores retenían una parte significativa.

El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de los nueve imputados sin prisión preventiva. Cinco de ellos fueron considerados presuntos coautores del delito de trata agravado por la presencia de menores, mientras que los otros cuatro quedaron como partícipes necesarios. Además, se dispusieron embargos sobre los bienes de los acusados por un total de 7.800 millones de pesos, la inhibición de la sociedad responsable del local y la prohibición de salida del país y de acercamiento a las víctimas para todos los imputados.

La estructura operativa del local incluía roles jerárquicos bien definidos y el uso de una sociedad comercial como pantalla legal para obtener habilitaciones y encubrir la verdadera actividad. El análisis financiero reveló movimientos por 1.500 millones de pesos y maniobras para ocultar el origen de los fondos, como garantías inmobiliarias cruzadas y transferencias a familiares.

El caso expone la continuidad de un modelo de explotación sexual encubierta en la ciudad y la sofisticación de las redes de trata, que utilizan redes sociales para captar víctimas y estructuras empresariales para legitimar sus actividades. La resolución judicial también estableció una conexión con el prostíbulo Madaho’s, donde previamente se documentaron hechos similares. Las autoridades destacaron la importancia de la denuncia anónima y la coordinación institucional para desarticular estas redes y proteger a las víctimas.