Una mujer argentina, identificada como Corine Fadel y oriunda de Tucumán, fue brutalmente agredida en la ciudad boliviana de Bermejo tras ser acusada de robar un bolso con cinco millones de pesos a una comerciante local. El hecho ocurrió en la zona fronteriza con Aguas Blancas, Salta, y fue registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando conmoción y debate sobre la justicia por mano propia y los derechos humanos.

Según relataron testigos y medios locales, la mujer fue interceptada por un grupo de comerciantes que la reconocieron como presunta autora del robo. En plena vía pública, la golpearon, la despojaron de sus prendas hasta dejarla en ropa interior, le cortaron el cabello con cuchillos y tijeras improvisadas y la arrastraron por la calle. Incluso, algunos de los presentes amenazaron con prenderla fuego, mientras la multitud exigía la devolución del dinero sustraído. A pesar de la presencia de efectivos policiales, estos no intervinieron de inmediato y solo actuaron cuando la violencia escaló al punto de poner en riesgo la vida de la acusada.

La mujer fue finalmente rescatada por la policía y trasladada a la comisaría principal de Bermejo, donde permanece detenida de manera preventiva. La Fiscalía de Tarija tiene un plazo de 72 horas para definir si formaliza la acusación o archiva el caso, dependiendo de si los denunciantes ratifican los cargos y si se logra un acuerdo entre las partes. Hasta el momento, no hay detenidos entre los agresores ni se ha confirmado la participación de cómplices en el robo.

El Consulado argentino en Tarija intervino para asegurar que se respeten las garantías legales de la detenida, aunque aclaró que no provee defensa legal directa. La familia de la mujer denunció tortura y reclamó protección y respeto al debido proceso. Por su parte, la comerciante víctima del robo expresó su indignación por la supuesta protección legal que recibiría la acusada, mientras que los comerciantes locales denunciaron una ola de robos y una sensación de impunidad en la frontera.

El caso pone en evidencia la tensión social en la región y reaviva el debate sobre la justicia por mano propia y la protección de los derechos humanos en contextos de alta conflictividad. La investigación continúa y se espera una definición judicial en los próximos días.