La investigación judicial sobre el arribo de un vuelo privado al Aeroparque Jorge Newbery, ocurrido el 26 de febrero de 2025, ha puesto bajo la lupa a funcionarios de la Aduana, Migraciones y la Administración Nacional de Aviación Civil. El avión, un Bombardier Global 5000 propiedad del empresario Leonardo Scatturice, transportó a la ejecutiva Laura Belén Arrieta y dos tripulantes desde Florida, Estados Unidos, hasta Buenos Aires. Según la pesquisa, diez valijas ingresaron al país sin pasar por los controles habituales, pese a que solo cinco fueron declaradas oficialmente.

El fiscal Claudio Navas Rial, junto a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, detectó omisiones en los controles de equipaje, deficiencias en los registros migratorios y falta de documentación sobre la inspección de la aeronave. Imágenes de seguridad muestran a Arrieta y los tripulantes siendo guiados por un carril especial, evitando los escáneres, mientras otros pasajeros sí eran controlados. La fiscalía sospecha que una "instrucción externa" condicionó el procedimiento, lo que sugiere una posible connivencia de funcionarios públicos.

El Gobierno y la empresa OCP Tech han negado cualquier irregularidad, argumentando que los controles aduaneros son selectivos y no obligatorios para todos los pasajeros. Sin embargo, la Justicia ha ordenado identificar y citar a declarar a los funcionarios involucrados, así como analizar las comunicaciones y movimientos de vehículos en la pista. También se investiga la permanencia del avión en el hangar y la falta de registros oficiales de la ANAC.

El caso ha generado comparaciones con el escándalo de las valijas de Antonini Wilson y ha reavivado el debate sobre la transparencia en los controles aeroportuarios. El trasfondo político es ineludible: Scatturice, vinculado a la CPAC y a la SIDE, es un actor relevante en el entorno del presidente Javier Milei, quien días antes del arribo del vuelo se reunió con Donald Trump en Washington. La investigación continúa, con la Justicia acumulando pruebas y analizando el posible impacto institucional y político del caso.