Policías, bomberos y personal penitenciario de la provincia de Santa Cruz mantienen desde hace semanas una protesta salarial que ha escalado en tensión y repercusiones políticas. Las manifestaciones, centradas en Río Gallegos pero extendidas a otras localidades, incluyen acampes frente a la Casa de Gobierno y la reducción de servicios a guardias mínimas, en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales.

El conflicto se intensificó luego de que el gobierno provincial, a través de la Fiscalía de Estado, presentara una denuncia penal contra los manifestantes por presuntos delitos de atentado contra la autoridad, violación de domicilio y coacción, argumentando que la protesta afecta el funcionamiento de las dependencias oficiales y la circulación de vehículos. La fiscal de Estado, Natalia Linardi, solicitó a la Justicia provincial la adopción de medidas cautelares urgentes para restablecer la normalidad administrativa y no descartó la intervención de fuerzas federales si la situación no se resuelve.

Por su parte, los voceros de los manifestantes, como el mayor retirado Rodríguez, denunciaron amenazas de detención y señalaron que el 97% de la fuerza policial apoya la medida. "Estamos bajo la línea de la pobreza. En el sur, la vida es muy cara y los salarios no alcanzan", expresó Rodríguez. El reclamo central es la actualización del denominado "valor punto" salarial, que actualmente ronda los $2.075 y cuya suba a $4.400 es considerada clave para mejorar los ingresos de activos y retirados.

El Concejo Deliberante de El Chaltén aprobó por unanimidad una resolución de respaldo al reclamo, solicitando al Ejecutivo provincial y al Ministerio de Seguridad que arbitren mecanismos de diálogo institucional para alcanzar una pronta solución. "Esto se está dilatando y puede llegar a ser peligroso para la comunidad y muy desgastante para los trabajadores", advirtió la concejal Elizabeth Romanelli.

Mientras la causa judicial avanza y el conflicto se mantiene sin solución, la situación recuerda a la crisis salarial de 2012 y pone en evidencia la compleja realidad económica de la provincia. El desenlace dependerá de las negociaciones previstas para los próximos días y de la respuesta de las autoridades ante la continuidad de las medidas de fuerza.