El Senado de la Nación aprobó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, con 42 votos a favor y 30 en contra, tras una maratónica sesión que reflejó la profunda división política y social en torno al proyecto. La iniciativa, que ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados, introduce cambios significativos en el régimen de indemnizaciones, vacaciones, horas extra y aportes sociales, y fue objeto de intensas negociaciones que derivaron en más de 20 modificaciones al texto original.

En la provincia de San Juan, la votación de los senadores nacionales evidenció la grieta existente: Celeste Giménez y Sergio Uñac, ambos del peronismo, rechazaron la reforma por considerarla un retroceso en materia de derechos laborales y por la ausencia de un plan integral de desarrollo productivo. "La reforma representa un riesgo de despidos en el sector privado y una pérdida de conquistas históricas", advirtió Giménez, mientras que Uñac subrayó la necesidad de acompañar cualquier actualización laboral con inversiones y políticas de crecimiento.

Por su parte, el senador libertario Bruno Olivera defendió la iniciativa, argumentando que el actual esquema laboral desalienta la contratación y que la reforma busca brindar previsibilidad, especialmente a las pymes. Olivera destacó la creación de un fondo para indemnizaciones y la regularización de trabajadores de plataformas digitales, y cuestionó los resultados económicos de gestiones anteriores.

El debate en San Juan trascendió el ámbito legislativo. Una encuesta local reveló una sociedad dividida: el 50% de los consultados apoya la reforma, mientras que el otro 50% la rechaza. Entre los argumentos a favor, se destaca la necesidad de modernizar un sistema considerado obsoleto y la expectativa de que los cambios faciliten la generación de empleo. En contraste, quienes se oponen temen que la reforma beneficie principalmente a las empresas y derive en la pérdida de derechos adquiridos.

El sindicalismo sanjuanino, representado por la CGT, expresó su preocupación por la posible precarización laboral y el impacto negativo en sectores sensibles como el textil. "La normativa funciona como un boleto de salida para los industriales ante una apertura comercial que amenaza con asfixiar la industria local", sostuvo Eduardo Cabello, referente de la central obrera.

El vicegobernador Fabián Martín, alineado con el oficialismo provincial, apoyó la modernización del régimen laboral, aunque advirtió que no resolverá de manera inmediata los problemas estructurales de la economía argentina. "Es un ingrediente más para encontrar una salida a la crisis, pero no una solución mágica", afirmó.

El gobierno nacional, por su parte, celebró la media sanción como un paso histórico, mientras que la oposición y los gremios anticipan nuevas movilizaciones y posibles medidas de fuerza. El futuro de la reforma dependerá ahora del debate en Diputados y de la capacidad de los distintos sectores para alcanzar consensos en un contexto de alta volatilidad social y económica.