La licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, el principal corredor logístico de Argentina, se ha convertido en el centro de una disputa internacional y política. El proceso, que definirá la concesión de la vía navegable por 25 años y moviliza inversiones estimadas en 10.000 millones de dólares, enfrenta acusaciones de irregularidades, tensiones geopolíticas y reclamos de mayor transparencia.

En las últimas semanas, Estados Unidos expresó su preocupación por la supuesta influencia china en el consorcio Jan de Nul-Servimagnus, uno de los finalistas de la licitación. Brian Mast, jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU, advirtió sobre una "influencia maligna" de China y reclamó la intervención de altos funcionarios argentinos. Por su parte, la embajada de China en Argentina rechazó las acusaciones como "especulaciones infundadas" y denunció prácticas discriminatorias contra empresas chinas.

El proceso licitatorio también fue cuestionado por la empresa DEME, respaldada por intereses estadounidenses, que denunció un supuesto sesgo a favor de Jan de Nul y exigió condiciones equitativas y mayor transparencia. Ambas empresas ofertaron la misma tarifa mínima, lo que generó sospechas sobre la competencia real y la posible cartelización del proceso. El Gobierno argentino, sin embargo, defendió la licitación, destacando un ahorro logístico del 13 al 15% y la creación de un Consejo de Control federal y técnico para garantizar la transparencia y la participación de las provincias.

La provincia de Santa Fe, clave en el sistema logístico nacional, celebró la creación del Consejo de Control y su participación activa en el seguimiento del contrato. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, subrayó la importancia de un control técnico y federal para la Hidrovía, que canaliza más del 80% de las exportaciones agroindustriales del país.

Mientras tanto, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) continúa investigando posibles ilegalidades en el proceso, incluyendo la autenticidad de documentos presentados y la transparencia de las evaluaciones técnicas. El proceso sigue bajo escrutinio judicial y político, y su desenlace podría tener implicancias para futuras inversiones en infraestructura estratégica en Argentina.