El Gobierno Nacional dio un paso clave en el proceso de privatización de rutas nacionales al abrir los sobres de la licitación para la Etapa II de la Red Federal de Concesiones (RFC). Este proceso, que busca reemplazar el gasto público por inversión privada, involucra más de 1.871 kilómetros de rutas en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, incluyendo corredores estratégicos como la Ruta Nacional 226, la Ruta Nacional 3, la Ruta Nacional 205 y la Ruta Nacional 5.

En el acto administrativo participaron 15 empresas, tanto estatales como privadas, que presentaron sus propuestas en dos sobres: uno técnico y otro económico, donde se definirá la tarifa de peaje a cobrar. Entre los oferentes se destaca la presencia de AUBASA, la empresa estatal bonaerense vinculada al gobernador Axel Kicillof, junto a constructoras privadas con antecedentes judiciales en la causa "Cuadernos".

El ministro de Economía, Luis Caputo, subrayó que el nuevo esquema "funciona sin subsidios", lo que permitirá "más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos". Sin embargo, el mantenimiento y la seguridad de los caminos seguirán bajo la supervisión de Vialidad Nacional, que controlará el cumplimiento de los contratos y los niveles de servicio.

Las tarifas de peaje propuestas en la licitación podrían aumentar entre un 33% y un 173% respecto a los valores actuales, con bonificaciones de entre 15% y 35% para usuarios frecuentes que utilicen TelePASE. Los concesionarios podrán financiar hasta el 70% de las obras con la recaudación de peajes y deberán instalar sistemas automáticos de cobro y dispositivos de identificación de patentes.

En cuanto a las obras, el plan contempla principalmente tareas de mantenimiento y mejoras puntuales en seguridad vial, con solo 70 kilómetros de nuevas autopistas previstas en los casi 1.900 kilómetros licitados. El abandono de proyectos históricos, como la autopista Luján-Junín, ha generado críticas en la región, donde se reclama mayor inversión en infraestructura y seguridad.

Organizaciones locales, como Estrellas Amarillas, han alertado sobre la necesidad de mejoras urgentes en tramos urbanos con alta siniestralidad. Mientras tanto, la expectativa crece en ciudades como Tandil por el alcance real de las obras y el impacto de los nuevos peajes en la conectividad y el desarrollo productivo.

El proceso de privatización avanza tras la adjudicación de la Etapa I en enero, que incluyó el Puente Rosario-Victoria y rutas del Mercosur. El Gobierno ya convocó a la licitación de la Etapa III, que abarcará otros ocho corredores viales en distintas regiones del país. El debate sobre la eficiencia, la transparencia y el impacto social de este modelo de concesión continúa abierto, con el control estatal garantizado pero la inversión y gestión en manos privadas.