El Senado argentino se prepara para debatir en febrero de 2026 una reforma clave a la Ley de Glaciares, en medio de una fuerte controversia entre el Gobierno, sectores empresariales, gobernadores de provincias mineras, ambientalistas y la oposición. El proyecto, impulsado por el Ejecutivo y con dictamen favorable en comisiones, propone modificar la protección actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial, permitiendo que solo aquellos con "funcionalidad hídrica efectiva" sean resguardados por la ley.

La iniciativa busca destrabar inversiones mineras, especialmente en cobre y litio, que según estimaciones oficiales podrían superar los 20.000 millones de dólares. Para ello, el proyecto otorga a las provincias la facultad de definir qué zonas deben ser protegidas, debilitando el rol del inventario nacional elaborado por el IANIGLA y permitiendo la "deslistación" de glaciares que no cumplan funciones hídricas estratégicas.

El oficialismo argumenta que la ley vigente, sancionada en 2010, genera inseguridad jurídica y paraliza proyectos productivos, afectando el desarrollo económico y la generación de divisas. "No todos los glaciares constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos", sostienen desde la Cámara Argentina de la Construcción y la Unión Industrial Argentina, que reclaman un análisis caso por caso y mayor protagonismo provincial.

Sin embargo, organizaciones ambientalistas y parte de la oposición, especialmente el bloque de Unión por la Patria, advierten que la reforma pone en riesgo las reservas de agua dulce y la protección ambiental, al flexibilizar los criterios de resguardo y transferir el poder de decisión a las provincias, que podrían priorizar intereses económicos. "La única postura ética, jurídica y científica admisible ante este atropello es el rechazo total de esta reforma legislativa", sostienen sectores críticos.

El debate refleja una histórica tensión en Argentina entre el desarrollo extractivo y la preservación de recursos naturales, en un contexto de creciente demanda global de minerales para la transición energética. La Corte Suprema ya había validado la constitucionalidad de la ley en 2019, pero el Gobierno busca ahora modificarla por vía legislativa, lo que anticipa nuevos conflictos políticos y judiciales en torno al futuro de los glaciares y el agua en el país.