Este lunes, Córdoba fue sede del primer encuentro anual del Consejo de Seguridad Interior, donde ministros y autoridades de seguridad de todo el país se reunieron para coordinar políticas públicas y fortalecer la cooperación federal. El evento, realizado en el Centro de Convenciones ‘Juan Bautista Bustos’, contó con la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y representantes de las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fuerzas federales.

Durante la jornada, se analizaron estrategias para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y mejorar la articulación operativa entre jurisdicciones. Se firmaron convenios de cooperación entre Nación y provincias, con el objetivo de optimizar la prevención y el combate del delito. Córdoba presentó los resultados de la baja de homicidios y la implementación del Plan 90/10, mientras que Mendoza expuso avances en datos genéticos y laboratorio balístico.

El encuentro incluyó exposiciones sobre reiterancia delictiva, la Ley Antimafia, el Registro Nacional de Datos Genéticos y laboratorios de estupefacientes. Además, se presentó el programa Tribuna Segura, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, para reforzar los controles en espectáculos deportivos y prevenir hechos de violencia en los estadios.

El jefe de Policía de San Juan, Néstor Álvarez, destacó la importancia del intercambio institucional: “Fue fructífero para todos, ya que se tocaron temas importantes y sensibles como la seguridad en el marco del crimen del narcotráfico y crimen organizado”.

La jornada estuvo marcada por un importante operativo policial y blindaje de las comitivas, reforzando la seguridad en la zona norte de la capital cordobesa. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, buscó consolidar el modelo local como referente de cooperación interjurisdiccional frente al delito complejo.

El Consejo de Seguridad Interior se consolida como un espacio clave para la coordinación de políticas públicas en materia de seguridad, con la expectativa de que los acuerdos alcanzados impulsen nuevas estrategias conjuntas y refuercen la respuesta ante delitos complejos en todo el país.