El Gobierno de Javier Milei, fortalecido por recientes victorias legislativas, ha comenzado a delinear una ambiciosa reforma electoral con vistas a las elecciones presidenciales de 2027. Según fuentes oficiales y diversos medios, la iniciativa busca eliminar de manera definitiva las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificar el financiamiento de los partidos políticos y ajustar la representación en la Cámara de Diputados.

Actualmente, el calendario electoral de 2027 mantiene la realización de las PASO, ya que la suspensión aprobada en 2025 fue excepcional. Sin embargo, el oficialismo considera que estas instancias representan un gasto fiscal innecesario y que la selección de candidatos debe ser resuelta internamente por los partidos. "La política debería dejar de dirimir sus problemas internos con el dinero de la gente", ha señalado el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

La reforma también apunta a modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, elevando los requisitos para la existencia de partidos nacionales y endureciendo las reglas de caducidad. Se propone que los partidos deban alcanzar un mínimo del 3% de los votos en dos elecciones consecutivas y contar con al menos 35.000 afiliados para mantener su personería nacional.

En cuanto al financiamiento, el Gobierno busca reducir el aporte estatal a las campañas y permitir un mayor ingreso de fondos privados, siguiendo el modelo estadounidense. Esto incluye elevar los topes de donación individual y permitir aportes de personas jurídicas, así como eliminar los espacios gratuitos de publicidad en medios asignados por el Estado.

Otra de las propuestas es la implementación de la boleta única papel con la opción de votar lista completa, lo que podría simplificar el acto electoral y fortalecer a las principales fuerzas políticas. Además, se discute la redistribución de bancas en la Cámara de Diputados, lo que beneficiaría a las provincias más pobladas en detrimento de las más pequeñas.

La iniciativa ha generado un intenso debate en el arco político. Sectores del peronismo y la izquierda rechazan la eliminación de las PASO, argumentando que podría concentrar el poder en las cúpulas partidarias y dificultar la representación de las minorías. Por su parte, algunos bloques de la oposición dialoguista expresan preocupación por el posible predominio del financiamiento privado en las campañas.

El Gobierno reconoce que aún no existe un proyecto cerrado ni consenso pleno, y que el éxito de la reforma dependerá de la capacidad de negociación en un Congreso sin mayorías absolutas. Mientras tanto, la administración Milei prioriza avanzar primero con reformas laborales e impositivas, dejando el debate electoral para una etapa posterior de su gestión. De concretarse, la reforma electoral marcaría un punto de inflexión en la estructura democrática argentina y en el escenario político de cara a 2027.