El conflicto entre la provincia de Córdoba y el Gobierno Nacional por una deuda previsional ha llegado a la Corte Suprema, marcando un nuevo capítulo en una disputa que afecta a 13 provincias. Este miércoles, se llevó a cabo una audiencia de conciliación en el Palacio de Justicia en Buenos Aires, donde ambas partes expusieron sus posiciones.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, lideró la delegación provincial, acompañado por altos funcionarios como el ministro de Economía, Guillermo Acosta, y el fiscal de Estado, Jorge Córdoba. Por parte del Gobierno Nacional, participaron representantes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y del Ministerio de Economía. La audiencia fue dirigida por el secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Rodríguez.

Córdoba reclama una deuda que, con intereses, asciende a casi un billón de pesos, argumentando que la Nación no ha girado fondos desde 2024. Según Llaryora, esta situación ha llevado a la Caja de Jubilaciones provincial a un déficit de más de $370.000 millones. "Estamos en una situación límite. La Nación nos está girando cero pesos, lo que atenta contra los derechos de los cordobeses", afirmó el gobernador.

El conflicto incluye un decreto de necesidad y urgencia (DNU) emitido en 2024, que suspendió los envíos de fondos a las provincias con cajas previsionales no transferidas. Llaryora calificó esta medida como "inconstitucional" y un "acto discriminatorio". Por su parte, el Gobierno Nacional ha propuesto un Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, que permitiría saldar la deuda mediante compensaciones o pagos en bienes, aunque aún no se han presentado propuestas concretas.

Este caso tiene antecedentes en demandas previas de exgobernadores como José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, quienes también llevaron reclamos similares a la Corte Suprema. En 2015, un fallo del máximo tribunal favoreció a Córdoba, obligando al Gobierno Nacional a devolver fondos de coparticipación. Sin embargo, la situación actual es más grave debido a la suspensión total de los giros desde 2024.

La resolución de este caso podría sentar un precedente para otras 12 provincias con reclamos similares. Además, se da en un contexto de recortes presupuestarios y tensiones políticas entre el gobierno de Javier Milei y las provincias. "Lo que estamos viendo acá es un incumplimiento unilateral con los fondos que tienen que enviarle a los jubilados", señaló Llaryora.

La Corte Suprema ha sido elogiada por su "valentía" al convocar a una audiencia conciliatoria antes de emitir un fallo. Una nueva reunión está programada para dentro de dos semanas, donde se espera que ambas partes presenten propuestas concretas. Mientras tanto, el conflicto sigue siendo un tema central en la agenda política y económica del país.