Diputados del bloque Unión por la Patria anunciaron que presentarán una denuncia formal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por presunta violación a la Ley de Inteligencia, tras los operativos de control e identificación realizados a manifestantes que viajaban a la Ciudad de Buenos Aires para participar de la marcha en apoyo a la ex presidenta Cristina Kirchner. Según los legisladores, las fuerzas federales requisaron vehículos, copiaron listas de pasajeros y fotografiaron documentos de quienes se trasladaban desde el interior del país, acciones que consideran prohibidas por la normativa vigente.

Los operativos, que comenzaron en la mañana y se desplegaron en los principales accesos a la capital, incluyeron controles a micros escolares y vehículos particulares, generando el rechazo de organizaciones sociales, sindicales y referentes políticos. Entre los hechos destacados, se registró la detención de una persona y la inspección de un micro escolar con menores en la autopista Ricchieri, lo que intensificó las críticas hacia el accionar policial.

Desde el oficialismo, la ministra Bullrich defendió la medida, argumentando que el objetivo era garantizar la seguridad y evitar incidentes durante la masiva movilización. "Vamos a tratar de molestar lo menos posible a la gente y que aquellos que se manifiesten lo hagan lo más responsablemente", declaró. Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que el Gobierno busca cumplir con su rol de mantener el orden en el espacio público y pidió respeto para el trabajo de las fuerzas de seguridad.

La movilización, convocada en rechazo a la condena y detención de Cristina Kirchner, tuvo su epicentro en Plaza de Mayo y contó con la participación de diversos sectores políticos y sociales. Organizaciones como La Cámpora denunciaron intimidación y hostigamiento a militantes, mientras que referentes sindicales señalaron la existencia de múltiples retenes y controles en rutas y accesos a la ciudad.

El debate sobre la legalidad y legitimidad de los operativos se centra en la Ley de Inteligencia, que prohíbe la recolección de datos por opiniones políticas. La denuncia opositora sostiene que el accionar de las fuerzas federales constituye un avance sobre los derechos civiles y políticos, mientras que el Gobierno insiste en la necesidad de mantener la seguridad y el orden público. El episodio reaviva la discusión sobre los límites de la intervención estatal en contextos de protesta social y la protección de los derechos ciudadanos.