La Cámara Nacional en lo Civil resolvió este jueves avalar el cambio de domicilio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde su histórica sede en la Ciudad de Buenos Aires a Pilar, provincia de Buenos Aires, y anuló la designación de veedores dispuesta por el Ministerio de Justicia. La decisión, adoptada por los jueces Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, implica que el control legal y la fiscalización de la AFA pasarán a la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, dejando fuera de competencia a la Inspección General de Justicia (IGJ).

El fallo se produce en un contexto de investigaciones judiciales sobre la AFA por supuesta administración fraudulenta y presuntas irregularidades en sus balances. La IGJ había impugnado la asamblea de 2024, en la que se decidió la mudanza de la sede y la reelección de Claudio "Chiqui" Tapia hasta 2028, pero la Cámara Civil convalidó ambas decisiones. Además, el Ministerio de Justicia había dispuesto una intervención en grado de veeduría por 180 días para investigar las cuentas de la entidad, medida que también fue anulada por la justicia civil.

Según el fallo, una vez que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense aceptó la radicación de la AFA en Pilar, la fiscalización y el control de legalidad de la entidad quedaron bajo la órbita provincial. Los jueces argumentaron que admitir la postura de la IGJ implicaría someter a la AFA a un doble control estatal, situación que consideraron incompatible con el sistema federal argentino.

La resolución judicial fue celebrada por la dirigencia de la AFA, mientras que sectores críticos, como el ex titular de la IGJ Daniel Vitolo, la calificaron como "una burla a la población". El fallo no tiene vinculación directa con otras causas judiciales abiertas contra la AFA y sus dirigentes por presunto fraude y lavado de dinero, pero blinda la documentación contable de la entidad en un momento clave de las investigaciones.

La decisión de la Cámara Civil refuerza la autonomía de la AFA respecto de los organismos de control nacionales y marca un nuevo capítulo en la disputa por la transparencia y el control institucional en el fútbol argentino.